Sesión 32: Metodología de los Cabildos Regionales
El lunes 1 de agosto nos reunimos en una nueva sesión, en ella conversamos sobre el informe de denuncias elaborado por la secretaría ejecutiva y la metodología de los Cabildos Regionales.
Aquí puedes leer, descargar y escuchar todo lo que se conversó.
En la ciudad de Santiago, a 1 de Agosto de 2016, siendo las 16:15 horas, en la Casa Central de la Universidad de Chile, ubicada en calle Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1058, se celebra sesión ordinaria del Consejo Ciudadano de Observadores (CCO), con la asistencia de los consejeros: Lucas Sierra, Patricio Fernández, Gastón Gómez, Francisco Soto, Héctor Mery, Arturo Fermandois, Salvador Millaleo, Benito Baranda, Roberto Fantuzzi, Francisco Fernández, Juanita Parra, Hernán Larraín y Patricio Zapata (Presidente). Excusaron su inasistencia los consejeros: Ruth Olate y Jean Beausejour. Actúa como secretario ejecutivo el señor Andrés Vodanovic.
a) Resumen Ejecutivo: En esta sección se detallan brevemente los principales acuerdos tomados y conclusiones obtenidas en la sesión. – Se acuerda enviar un oficio al Ministerio Secretaría General de la Presidencia solicitando ciertas aclaraciones respecto de la metodología de los cabildos regionales.
b) Acta de Discusión: En esta sección se sintetizan las principales intervenciones de los consejeros.
Lucas Sierra [subrogando momentáneamente al Presidente]: plantea el primer punto de la tabla consistente en el informe de denuncias elaborado por la secretaría ejecutiva.
Secretaría Ejecutiva: [se adjunta a esta acta el Informe de Denuncias]
Salvador Millaleo: respecto al caso de las 46 actas idénticas, indica que el mandato que ha recibido el CCO consiste en garantizar la existencia de un debate abierto, deliberativo y participativo. Por tanto, considera que existen suficientes razones para excluir dichas actas del proceso general, calificándolas como objetadas, para proceder después a evaluar en detalle qué hacer finalmente con ellas.
Gastón Gómez: señala que es muy complejo calificar en qué casos se llevó a cabo una discusión efectivamente deliberativa. Agrega que el proceso disponía una serie de requisitos formales para la validación de los ELAs, pero nunca se consideró ningún requisito sobre un grado suficiente o satisfactorio de discusión o debate. Por tanto, concluye que el CCO no puede invalidar actas que cumplen con todos los requisitos formales, so pretexto de un requisito adicional jamás estipulado y que difícilmente este Consejo está en condiciones de aplicar igualmente a todos los ELAs.
Arturo Fermandois: indica que el CCO puede dejar constancia que el hecho ocurrido constituye una vulneración al espíritu deliberativo que inspira al proceso. Sin embargo, y en concordancia con lo señalado por el consejero Gómez, considera que al CCO no le compete calificar el estándar de la discusión sostenida en los ELAs, sino simplemente limitarse a observar el cumplimiento de los requisitos formales. Distinto habría sido al caso, agrega, si el CCO hubiera establecido desde el principio del proceso la regla de que “ante la identidad del contenido de dos o más actas se presume de derecho la ausencia de debate”; pero como dicha regla no existe, no es posible proceder a la invalidación de las actas del caso en comento. Por último, señala lo problemático que resulta desconocer la manifestación de voluntad de los participantes que firmaron las actas, sin existir una hipótesis de error, dolo o fuerza.
Patricio Fernández: expresa no tener claridad de si las actas deben ser invalidadas o no, pero enfatiza que se está frente a una situación anómala y grave, que vulnera absolutamente el propósito y sentido del proceso participativo. Considera que el CCO debe observar esta situación, porque constituye un abuso de la metodología y es quizás el hecho más grave que ha llegado a conocimiento del Consejo.
Héctor Mery: procede a realizar dos comentarios: (i) sobre el caso de las 46 actas, propone dejar registro del episodio para que sea incorporado a los informes del CCO y (ii) comenta respecto de una denuncia realizada por una periodista del diario “El Líbero” sobre la ocurrencia de un supuesto “acarreo” de personas ocurrido en el cabido provincial de Curicó. Francisco Soto: le solicita al consejero Mery que formalice la presentación de la denuncia. Además, apunta que se deberían establecer cuáles son los criterios para la observación de un ELA, qué criterios permiten invalidar un acta, cuáles no, etc.
Juanita Parra: en primer lugar, destaca el trabajo realizado por el equipo de facilitadores que logró identificar las actas repetidas. Luego, señala que, a su juicio, solamente existe un encuentro local válido, que sería el primer encuentro cuya acta luego fue reproducida.
Francisco Fernández: declara que el CCO no tienen potestad de invalidar las actas en discusión, pero se debe dejar constancia de la anomalía ocurrida.
Patricio Zapata (Presidente): [retoma la conducción del debate] señala que se pase a discutir las denuncias restantes.
Lucas Sierra: respecto de las denuncias referidas a la composición homogénea de ciertos grupos de discusión al interior de los cabildos, considera que se debe verificar si el proceso de asignación de salas fue aleatorio y, si efectivamente lo fue, el problema de la homogeneidad de los grupos no es algo que el CCO pueda objetar u observar.
Arturo Fermandois: pregunta por el caso de la falsificación de un acta ocurrida en el cabildo provincial de Santiago. Secretaria Ejecutiva: informa que finalmente la falsificación del acta no pudo consumarse ya que el facilitador fue advertido del hecho y el acta fue corregida conforme a su versión original.
Patricio Zapata: procede a dar lectura a una denuncia realizada por Víctor Manuel Avilés, de la agrupación Cabilderos: “Hemos detectado en varias provincias del país una grave falta a la privacidad y a la prolijidad, en este proceso. Varias personas que celebraron Encuentros Locales Autoconvocados (ELA), nos han manifestado su preocupación ya que recibieron un e-mail de distribución pública por parte de su facilitador, que daba cuenta acerca de haber realizado ellos un ELA, hecho que detallaron como privado. Lo anterior es una falta a la confidencialidad que ellos exigían de este proceso.”
Patricio Fernández: expresa que fue el mismo CCO quien validó el procedimiento de que todo participante de un ELA quedaba automáticamente inscrito para el Cabildo Provincial.
Patricio Zapata: indica que podría existir un problema con quienes participaron de un encuentro local sin ser organizadores, ya que ellos nunca entregaron sus correos electrónicos. Luego, solicita a la Secretaría Ejecutiva recabar más antecedentes sobre el caso expuesto en la denuncia, con el objeto de poder adoptar un criterio. Respecto de la supuesta denuncia realizada a través del medio El Líbero, se mandata a la Secretaría Ejecutiva para que tome contacto con dicha periodista con el propósito de que haga formal la denuncia en cuestión.
Lucas Sierra: señala que el Ministro de la Secretaría General de la Presidencia informó en un medio de prensa que habrían participado cerca de 200.000 personas en las distintas etapas del proceso constituyente. Frente a esta cifra, se pregunta si se consideró o no el hecho de que muchas personas participaron en más de una instancia, lo que implicaría que la cifra real de participación es menor a la anunciada. O bien, prosigue, puede ser el caso que el Gobierno tiene a su disposición otros datos que aún no ha entregado al CCO, y que sí justifican la cifra indicada. Por tanto, propone solicitar formalmente al Gobierno un reporte detallado y consolidado de todas las cifras del proceso.
Patricio Zapata: responde al consejero Sierra señalando que se insistirá con un oficio solicitando dichos datos. Luego, comenta que se debe adoptar un criterio para decidir el destino que tendrán las 1231 actas que fueron observadas por el equipo de facilitadores. Agrega que son varios los motivos por los que dichas actas fueron observadas (falta de cata física, falta de foto, falta de listado de participantes, inconsistencias insalvables entre el acta digital y el acta física, etc.). Por tanto, sugiere que el CCO adopta un criterio a la brevedad puesto que el Comité de Sistematización señaló que la primera semana de agosto debían determinar el universo total de actas, y para ello requieren el pronunciamiento del CCO. Gastón Gómez: comenta que el CCO debe acordar a la brevedad un criterio objetivo que permite dirimir el destino de las 1231 actas. Sugiere que el Presidente tomé contacto con el Comité de Sistematización para tomar conocimiento sobre el plazo límite para incorporar actas al proceso. Además, advierte que el Comité de sistematización también excluyo otras 151 actas, que el CCO también debería observar y determinar si se incorporan a la sistematización o no.
Salvador Millaleo: advierte que es probable que algunas actas no puedan ser incorporadas desde un inicio a la sistematización de los fundamentos, razón por la que se vuelve imperioso señalar en la licitación que habrá actas que requieren ser sistematizadas en un plazo distinto.
Patricio Zapata: informa que finalmente la contratación del servicio de sistematización de los fundamentos se hará por trato directo, por razones de plazos. Además, agrega que el objetivo que persigue la adopción de un criterio sobre el destino de las 1231 actas es precisamente buscar que no se pierdan actas, que todas puedan ingresar al proceso de sistematización, pero ello requiere la adopción de un criterio razonable. Luego, da cuenta de un error que habría contenido el informe de sistematización presentado por el Comité de Sistematización (CS), en el cual no se habría incorporadocon la frecuencia efectivamente lograda- el principio de “derecho a la vida desde la concepción”. El CS admitió la equivocación y procedió a corregir dicho informe.
Salvador Millaleo: enfatiza la necesidad urgente que existe de liberar todos los datos del proceso, tanto el resultado de las actas, como sus fundamentos y memoria histórica. Lo anterior no solo es necesario para el proceso de redacción de las Bases Ciudadanas, sino que es un derecho que tiene la opinión pública de contar con dicha información.
Gastón Gómez: procede a señalar algunos puntos: (i) se debe reiterar al Gobierno la solicitud del CCO de que todos los datos del proceso sean liberados en formato “datos abiertos”. (ii) se requiere sostener una reunión con el CS para analizar la sistematización de los fundamentos. (iii) advierte sobre el problema que se podría producir con los plazos del proceso, ya que, al parecer, el CS podría entregar recién a mediados de octubre su informe final, lo que haría prácticamente imposible que el CCO terminara el documentos de Bases Ciudadanas en el mes de octubre.
Patricio Zapata: expresa que el CCO debe comenzar a discutir qué tipo de criterios deberían ser analizados en el proceso de sistematización de los fundamentos. Podría ser necesario obtener un desglose de los datos por territorio, edad, sexo; o por ejemplo, analizar los fundamentos considerando el tipo de argumento que se entrega (utilitario, igualitario, democrático, autoritario, etc.).
Luego, procede a dar lectura a la metodología de los cabildos regionales:
1.- Sobre la metodología a utilizar en los Cabildos Regionales: Teniendo en consideración la necesidad que los resultados de los Encuentros Locales sean parte del modelo de convergencia deliberativa en todos los niveles de participación posteriores (cabildos provinciales y regionales), y que a ello se adicionase los resultados de los 71 cabildos provinciales, el Gobierno ha estimado aplicar la misma metodología de a los cabildos de carácter regional (dinámica 7 + 7), con la siguientes adecuaciones:
- Los módulos de Integración de Resultados, Presentación de Resultados y Cierre, confluirán en un Módulo final denominado “Muestra de resultados y cierre”. Se ha dispuesto que la integración de los resultados por tema de discusión se realice durante el trabajo en Grupos en una sala de Integración a cargo de uno de los facilitadores especialista en sistematización. Con el objeto de registrar clara y oportunamente los resultados de la conversación, durante el tiempo que se discuta un tema, se deberán ir completando la hoja denominada Resumen de Resultados por Tema para la Integración. Una vez que el grupo cierre un tema de discusión (por ejemplo, valores y principios), un miembro de éste leerá en voz alta ante el grupo el resumen del resultado del tema y luego concurrirá a la Sala de Integración con la hoja denominada Resumen de Resultados por Tema para la Integración y lo entregará al encargado de Integración. En el Módulo final se expondrán los resultados integrados a todas y todos los participantes del Cabildo.
- Se ha prevenido que aquellos conceptos discutidos y que tengan 100% de Acuerdo en todos los cabildos de las Provincias que componen una Región (según los resultados de la sistematización), se entenderán como Acuerdos cerrados y definitivos de la Región, no volviéndose a deliberar sobre ellos en el Cabildo. Así, la dinámica 7 + 7 se desarrollará a partir de los resultados sistematizados, excluyendo aquellos conceptos que tengan 100% de Acuerdo según lo dispuesto precedentemente. Ofrece la palabra.
Hernán Larraín: señala que la metodología persigue acortar el cabildo por lo que se adelanta el trabajo de integración de resultados que ya no consiste en una fase aislada sino que se desarrolla a lo largo del cabildo.
Patricio Zapata: comenta que no hay claridad sobre qué significa específicamente “haber obtenido un 100% de acuerdo en todas las provincias de la región”. ¿Significa en cada cabildo en general, o en todas las salas de todos los cabildos provinciales? Francisco Soto: indica que se requiere solicitar a la SEGPRES aclaraciones sobre la metodología, ya que la modificación supone un cambio sustancial a la metodología inicial.
Héctor Mery: expresa que más allá que observar el diseño de la metología, cosa que podría escapar de la potestad del CCO, se debe consignar en los informes dicho cambio.
Patricio Zapata: advierte que si el diseño de la metodología pudiera afectar al desarrollo de un debate razonable, el CCO debería observar y pedir la corrección de tal diseño.
Francisco Soto: agrega que la metodología debe ser evaluada en conjunto con los facilitadores, por lo que invita al resto de los consejeros a sostener reuniones con los equipos de facilitadores una vez que finalice el respectivo cabildo regional.
Francisco Fernández: manifiesta que el CCO también puede observar la inteligibilidad de la metodología que se propone, y advertirle al Gobierno que son necesarias ciertas aclaraciones.
Salvador Millaleo: sugiere adoptar un acuerdo en el que se le solicite al Gobierno aclarar los puntos oscuros de la metodología, y que se asegure una capacitación adecuada para los equipos de facilitadores.
Lucas Sierra: agrega que en dicho acuerdo se debería incorporar la pregunta de si la modificación sustancial de la metodología del proceso es un acto deliberado de parte del Gobierno, y pregunta por las razones de ese cambio y por los objetivos que con él se persigue, Comenta la importancia de dejar testimonio de esta duda.
Patricio Zapata: informa que se hará envío de un oficio a Segpres con las dudas de los consejeros frente a la metodología propuesta. Luego, indica que se pasará a discutir el punto final de la tabla consistente en la elaboración de los informes finales del CCO y las bases Ciudadanas.
Gastón Gómez: antes de comenzar con la presentación de su texto, advierte que existen dos tareas urgentes que se deben llevar a cabo: (i) se debe trazar un itinerario con los plazos definitivos que señala el Gobierno. (ii) es necesario determinar qué contenidos específicos incorporará el documento de bases ciudadanas.
[Se adjunta el documento elaborado por el consejero Gastón Gómez]
Hernán Larraín: procede a realizar algunos comentarios: (i) pregunta qué ocurrirá en los cabildos regionales si los participantes proponen discutir sobre aquellos conceptos que se encuentran excluidos por contar con un 100% en la etapa provincial de la respectiva región. (ii) comenta que respecto al trabajo de diseño que será necesario para la elaboración de los informes finales y de las Bases Ciudadanas, será necesario contar con ayuda técnica. Por ello, se ha tomado contacto con la Escuela de Diseño de la Universidad Católica quienes podrían presentar una propuesta al respecto. Por tanto, se debe averiguar si existirán recursos para poder financiar dicha tarea.
Salvador Millaleo: enfatiza que si bien el informe final elaborado por el CS será un insumo fundamental para la redacción de las Bases Ciudadanas, el CCO debe tener muy claro que dicho insumo será uno más dentro de los muchos otros aportes que se puedan recibir. Las Bases Ciudadanas deben dar cuenta de todos los aportes que se reciban.
Lucas Sierra: advierte que el CCO no es el ente encargado de dar nombre al documento o informe final que se realice, ya que es el Gobierno el ente que organiza y convoca a este proceso. Por lo tanto, llamar “Bases Ciudadanas” al insumo final de síntesis que elabore el CCO es una decisión que le compete al Gobierno de Chile. El lo llamaría simplemente “Informe”.
Patricio Zapata: antes cerrar, toma nota del oficio con preguntas de la metodología de cabildos regionales que será enviado al gobierno. Informa que conversará con el Ministro Nicolás Eyzaguirre para tener claridad sobre los plazos del proceso y solicitará recursos económicos para financiar la tarea de elaborar los informes finales y las Bases Ciudadanas.
Siendo las 19: 51 se da por finalizada la sesión
Descargar acta sesión 32 aquí: Acta Sesión N°32
Descargar Anexos:
INFORME SOBRE BASES DEL PROCESO DE DEBATE CONSTITUCIONAL (1) (1)