Sesión 12: Consejeros prepararán temas específicos para analizar
El lunes 7 de marzo celebramos la sesión 14, donde se acordó que cada consejero presentará un borrador respecto al tema en específico que se le encomendó desarrollar y bsado en los borradores, el Presidente propondrá un texto final de acuerdo que será discutido y finalmente aprobado.
Puedes revisar todos los acuerdos y conclusiones de la sesión aquí
En la ciudad de Santiago, a 7 de Marzo de 2016, siendo las 10:12 horas, en la Casa Central de la Universidad de Chile, ubicada en calle Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1058 , se celebra sesión ordinaria del Consejo Ciudadano de Observadores (CCO), con la asistencia de los consejeros: Francisco Fernández, Arturo Fermandois, Patricio Fernández, Gastón Gómez, Roberto Fantuzzi, José Miguel García, Héctor Mery, Francisco Soto, Lucas Sierra, Jean Beausejour, Hernán Larraín, Salvador Millaleo y Patricio Zapata (Presidente). Excusaron su inasistencia los consejeros: Ruth Olate, Cecilia Rovaretti, Benito Baranda y Juanita Parra. Actúa como secretario ejecutivo el señor Andrés Vodanovic.
- a) Resumen Ejecutivo: En esta sección se detallan brevemente los principales acuerdos tomados y conclusiones obtenidas en la sesión.
1) El CCO acuerda que cada consejero presentará un borrador de acuerdo respecto al tema en específico que se le encomendó desarrollar. A partir de esos insumos, el Presidente propondrá un texto final de acuerdo que será discutido y finalmente aprobado.
- b) Acta de Discusión: En esta sección se sintetizan las principales intervenciones de los consejeros.
Patricio Zapata (Presidente): introduce cuál será la metodología para la discusión de la jornada. Señala que se irán registrando los acuerdos que se vayan tomando a lo largo de la jornada y luego hacerlos públicos.
Lucas Sierra: señala una duda: en el caso de no llegar a acuerdo respecto de alguna materia ¿qué ocurre con aquellos consejeros que no estuvieron de acuerdo con el voto de mayoría? Tiene la duda ya que dichos acuerdos incidirán directamente en la labor de observación que luego deberán desempeñar.
Francisco Soto: responde a Lucas Sierra que, en esos casos, simplemente se registra el voto de mayoría y las reservas respectivas.
Lucas Sierra: señala que este caso particular es distinto, puesto que las conclusiones de la jornada de hoy tienen directa relación con lo que será nuestra actividad de observación en el futuro. Si alguien se opone a la metodología de los acuerdos propuesta por el Gobierno, por ejemplo, ¿podrá después simplemente participar con los demás de su observación?
Patricio Zapata: responde que cada consejero deberá evaluar el nivel de la discrepancia en cada caso particular. Si el nivel es tal que, a juicio del consejero, no es deseable involucrarse, existe total libertad para decidir si hacerlo o no.
Gastón Gómez: propone cerrar con un documento escrito sobre los nueve puntos y que éste sea remitido al Gobierno. Propone que la parte deliberativa del Consejo sea en privado.
Patricio Fernández: propone que antes de hacer pasar al equipo de la Segpres se discuta internamente cómo se resolverán las diferencias entre los consejeros respecto de la metodología. Además, plantea que aquello que se resuelva sea, al mismo tiempo que entregado al gobierno, de público conocimiento.
Patricio Zapata: resume la metodología acordada.
[Ingresa el equipo de la Segpres integrado por: Tomás Jordán, Pamela Figueroa, Carolina Gómez y Rodrigo Araya]
Primer Tema: “Convergencia Deliberativa”, expone el consejero Salvador Millaleo.
Patricio Zapata: explica, al equipo de la Segpres, la metodología acordada.
Salvador Millaleo: procede a explicar una minuta escrita.
[Se adjunta a esta acta la minuta respectiva]
Lucas Sierra: pregunta cuál es la diferencia entre la lógica de “acuerdo” y la de registro de opiniones luego de un debate ilustrado. Señala que en un sistema de registro de opiniones se ve facilitada, sustancialmente, la labor de observación tanto de los facilitadores como de los miembros este mismo Consejo. Por último, pregunta, que en un contexto sin representación y cuyo resultado no es vinculante, ¿cuál es el sentido de buscar un acuerdo deliberativo y no un registro ilustrado de opiniones? Como el resultado de esta participación no será vinculante –lo que me parece bien- parece más coherente lo segundo y no lo primero.
Salvador Millaleo: responde que, a su juicio, la labor del facilitador debería ser “algo más” que una mera constatación de las diferentes opiniones. El facilitador tiene, además, un rol de guía, acompañamiento y ensamblaje de la discusión. Sin embargo, añade, dicha tarea del facilitador no se puede extralimitar llegando al extremo de que el facilitador comience a especular o a sustituir las opiniones de la propia asamblea.
Arturo Fermandois: plantea dos comentarios. 1) Procedimental: respecto a la diferencia entre un acuerdo y un desacuerdo. ¿Cómo se distingue uno de otro? Señala que debe ser mediante una votación. Por tanto, surgen las siguientes interrogantes: ¿Cómo se emite el voto?, ¿quién los cuenta?, ¿quién hace de ministro de fe, etc.? 2) Sustantivo: (i) el facilitador, dada su labor de conductor del debate, deberá distinguir el plano constitucional del legislativo, para dar cabida a discusiones sobre el primero y no así respecto del segundo y (ii) el facilitador deberá tener conocimiento respecto a lo que consagra la constitución actual, puesto que si ignora dichos contenidos, puede transformar la discusión de los cabildos en un ejercicio ineficiente.
Patricio Zapata: señala que los dos principios que debieran observarse en todo el proceso son: (i) que el proceso sea verdadero y creíble y (ii) que no se vea tergiversado o manipulado políticamente. Además, añade, que el proceso de participación ciudadana busca que se potencie el diálogo y la discusión, y no simplemente llegar a una agregación de opiniones como podría ser una encuesta o una elección. Para ello el facilitador debe propiciar que todos los asistentes puedan expresar libremente su opinión. Comenta que, pese a comprender lo planteado por el consejero Fermandois respecto a la ineficiencia de discutir temáticas que ya están presentes en la actual constitución, considera riesgoso que el facilitador no permita ciertos debates so pretexto que tal cosa ya se encuentra consagrada en la actual constitución.
Patricio Fernández: señala que la manera en que se consideran los acuerdos, desacuerdos, etc., está, también, condicionada por lo que el CCO acuerde respecto al modo de plantear los contenidos a discutir, porque bien puede suceder que en lugar de acuerdos, desacuerdos y semi acuerdos, o bien además de ellos, haya planteamientos originales, es decir, ideas planteadas por alguno o algunos de los miembros que no estaban antes consideradas.
Gastón Gómez: señala que (i) se debe simplificar el proceso para que pueda ser comprendido por los facilitadores en un tiempo breve. (ii) el facilitador debe concentrar su tarea a la de un registrador de las diversas opiniones y no la de un participante activo o incidente.
Héctor Mery: constata que, en un escenario en que se realicen cinco encuentros locales en cada comuna del país, con un total de treinta participantes en cada una, eso daría un total de 51.750 participantes. Si comparamos dicha cifra con el padrón electoral que se utilizó en las últimas elecciones presidenciales (13.573.143 personas), obtenemos que se trata solo de un 0,38%. Señala que no quiere emitir ningún juicio al respecto sino solamente constatar el hecho.
Arturo Fermandois: señala una preocupación respecto a las expectativas que la ciudadanía va a generar en torno al proceso. Ya que una lógica de acuerdos basada en la unanimidad, tiene el riesgo de toparse frente a la realidad de que dicha unanimidad es poco frecuente, y más bien la regla general es la discrepancia. Si los ciudadanos concurren a los cabildos con la ilusión de que encontrarán una serie de acuerdos y éstos finalmente no se producen, puede existir un riesgo de expectativas insatisfechas.
Lucas Sierra: señala que en los encuentros locales, por el hecho de ser auto convocados, lo más probable es que se dé cierta unanimidad en los acuerdos.
Hernán Larraín: comenta lo expresado por Lucas Sierra, aclarando que en los cabildos provinciales y regionales no se lograría tal unanimidad, por lo que el riesgo de no llegar a acuerdos sigue en pie.
Hernán Larraín: señala que se requiere alguna especie de regla de mayoría para lograr los acuerdos en los cabildos, de lo contrario habrá simplemente un registro de opiniones.
Tomás Jordán: señala que está de acuerdo con la sugerencia de darle mayor relevancia a la consignación de los desacuerdos, de modo que el facilitador no solo concentre su tarea en obtener acuerdos de la asamblea sino también registrar las distintas opiniones que se presentan. Aclara que la búsqueda de los acuerdos no implica, necesariamente, la unanimidad en el fundamento. Así, las personas podrían valorar la misma cosa (o principio constitucional) pero por razones distintas. Lo que se busca es la unanimidad en la voluntad y no en el fundamento.
Patricio Zapata: comenta lo señalado anteriormente por el consejero Héctor Mery. Señala que si bien para que la participación sea “real” se requiere sin duda de un factor cuantitativo, más importante aún es el modo en que los ciudadanos van a participar. Añade que actualmente las decisiones políticas en el país son tomadas por un número muy reducido de personas, por lo que abrir espacios de incidencia real en materia constitucional es algo que debe ser altamente valorado, sin perjuicio de que se deba hacer un esfuerzo grande para que la mayor cantidad de personas participe.
Salvador Millaleo: resume los acuerdos que se han obtenido en la discusión: 1) que los facilitadores sean capacitados aclarando que poseen un rol limitado y que se debe restringir a la conducción de la asamblea y no a forzar acuerdos. 2) la regla para registrar un acuerdo es la unanimidad. 3) debe simplificarse el proceso.
Roberto Fantuzzi: solicita formalmente que se le haga envío del video del piloto del Cabildo.
Patricio Fernández: señala que debemos discutir y definir qué temáticas serán las que se discutan en el cabildo, ya que ello determina la conceptualización de los acuerdos, acuerdos parciales y desacuerdos.
Patricio Zapata: propone que el consejero Salvador Millaleo elabore un texto que resuma los acuerdos adoptados sobre este primer punto.
Francisco Fernández: señala que la labor del facilitador es permitir que los participantes de los diálogos ciudadanos puedan expresar sus anhelos e ideas. Si en dicha conversación se llega a ciertos acuerdos, deberán ser consignados; de lo contario, se debe registrar igualmente las opiniones diversas. Patricio Zapata: propone pasar al punto dos.
Segundo Tema: “Ejes de la deliberación”, expone el consejero Lucas Sierra.
Lucas Sierra: procede a explicar la minuta de resumen.
[Se adjunta a esta acta la minuta respectiva]
Arturo Fermandois: realiza una serie de comentarios. (i) señala que la presentación de Lucas Sierra implica que el facilitador deba estar altamente capacitado es materias constitucionales, lo que dificulta enormemente los ideales de simplificación del proceso propuestos por varios consejeros en el bloque anterior. (ii) señala no tener problema con reemplazar el eje de “valores” por “principios”, pero le parece que es fundamental tratarlos puesto que su omisión sería un retroceso en el desarrollo que ha alcanzado el constitucionalismo posterior a la segunda guerra.
Gastón Gómez: comenta diferentes aspectos de los señalados por
Lucas Sierra: (i) señala que la distinción entre valores y principios, en el plano constitucional, es irrelevante, ya que juegan un papel equivalente, sin perjuicio de que en un plano teórico los primeros sean axiológicos y los segundos deontológicos. (ii) pregunta qué ocurre si en los diálogos ciudadanos se omiten derechos fundamentales actualmente consagrados en la constitución. (iii) señala que, a su juicio, la metodología de discusión no contempla la temática de las obligaciones que emanan del concepto de ciudadanía presente en la constitución.
Patricio Fernández: propone que los participantes a los encuentros y cabildos puedan proponer nuevos principios, derechos o instituciones que no hayan sido contemplados en la metodología.
Francisco Soto: propone incluir la discusión de reforma constitucional en la metodología. Aclara que no se trata de discutir específicamente el mecanismo de reforma de la constitución actual, sino simplemente que la metodología contemple discutir sobre el procedimiento de reforma, ya que es un punto fundamental en cualquier discusión constitucional.
Gastón Gómez: señala que introducir la discusión sobre el mecanismo de reforma a la metodología sería contrario al modo en que la Presidenta ha trazado el orden y los momentos de dicha discusión.
José Migue García: comenta sobre la propuesta de agregar la discusión sobre el mecanismo de reforma constitucional a la metodología. Señala que no le parece corrector agregarla por dos razones: (i) porque iría en contra del itinerario propuesto por la Presidenta y (ii) porque le añadiría mayor complejidad al proceso de la que ya tiene, lo que dificultaría profundamente un buen desarrollo del mismo.
Roberto Fantuzzi: señala que se debe simplificar el modo en que se tratan los diferentes temas, de modo de que la ciudadanía pueda entender y participar en el debate.
Arturo Fermandois: apoya la idea de que la discusión sobre el mecanismo de reforma a la constitución no esté presente en los cabildos, por dos razones: (i) por la razón jurídica del itinerario trazado por la presidenta de la república. (ii) por una razón práctica, ya que si se añade la discusión sobre el mecanismo, ello eternizará la duración de los cabildos y posiblemente también monopolice el debate mismo.
Patricio Fernández: señala que le parece poco aconsejable que no se contemple la discusión sobre el mecanismo de reforma a la constitución, puesto que el único argumento para ello sería esgrimir que hubo una decisión política de no incluirlo, ya que se trata a todas luces de un tema de relevancia constitucional.
Salvador Millaleo: comenta que lo que se debe zanjar es si la discusión sobre la reforma a la constitución es o no una temática relevante para la conversación en los cabildos. No considera que haya un buen argumento para excluir dicha temática ex ante.
Francisco Fernández: señala que no se deberían poner cortapisas a las discusiones de los cabildos, solo que éstas deben ser temáticas de relevancia constitucional.
Patricio Fernández: considera que el riesgo de que la discusión sobre reforma a la constitución monopolice el debate en los cabildos, se acrecienta si ésta no se contempla en la metodología desde un inicio.
Tomás Jordán: Sobre la discusión del mecanismo, señala que la Presidenta ha diseñado un mapa muy claro. Este proceso de los cabildos tiene por objetivo discutir sobre los contenidos de una constitución (valores, derechos deberes, instituciones). En paralelo, se enviará un proyecto de ley al Congreso en el que se propone una modificación al capítulo de reforma. Dicho proyecto contempla una serie de alternativas de mecanismos para el cambio de constitucional, y en buena medida recoge las diferentes visiones al respecto.
Patricio Zapata: propone un receso.
Patricio Zapata: retoma la discusión. Señala que la mayoría de los consejeros están de acuerdo con la propuesta del consejero Lucas Sierra, pero que se requiere continuar la discusión respecto a la inclusión del tema sobre el mecanismo de reforma o cambio constitucional. Resume lo señalado anteriormente por Tomás Jordán. Añade que si bien no deberían existir discusiones o temáticas excluidas, el encargo de la Presidenta para esta parte del proceso, y el sentido de este proceso, es discutir sobre contenidos y no sobre el mecanismo de reforma.
Francisco Soto: insiste en que, a su juicio, existen dos debates distintos. Por una parte está el debate del mecanismo para la generación de la próxima constitución, y por otra la discusión sobre el mecanismo de reforma en abstracto, que está presente en todas las constituciones del mundo. Señala que respecto al segundo debate, no existen argumentos para excluirlos de la discusión en los cabildos.
Patricio Fernández: señala que el Consejo debe discutir y cerrar un acuerdo respecto a los ejes de discusión, determinando con claridad en qué aspectos se requiere una modificación del diseño inicial.
Patricio Zapata: señala que la metodología de discusión basada en listados temáticos extensos, si bien es una alternativa menos atractiva que la de proponer debates más específicos y controversiales, tiene la ventaja de no prefigurar el modo y el alcance de las discusiones al interior de los cabildos.
Lucas Sierra: propone una fórmula de discusión “intermedia” que, en lugar de fijar grandes listados temáticos o fórmulas muy acotadas y determinadas, abra la discusión respecto a diferentes ejes constitucionales con una pequeña introducción explicativa que de paso a una discusión abierta. Señala que una metodología de este tipo sería más “útil” que la alternativa de presentar listados de conceptos muy generales sin referencias previas y con conceptos aislados entre sí.
Francisco Soto: propone que el consejero Lucas Sierra se reúna con el equipo de la Segpres y elaboren una propuesta en conjunto que luego sea presentada al Consejo.
Tomás Jordán: señala que los nombres que se le dieron a los diferentes ejes temáticos se deben al modo en que dichas cosas con reconocidas comúnmente por las personas. Por ello, por ejemplo, se prefirió hablar de “valores” y no de principios. Luego, comenta que se optó por listados temáticos puesto que se espera que las discusiones que se den en los cabildos tengan un contenido eminentemente constitucional, por eso no se optó por una fórmula completamente abierta. Ahora bien, prosigue, cada eje temático admite la posibilidad de agregar nuevos conceptos de modo que la metodología nunca excluye la posibilidad de que la asamblea añada cosas que no están contempladas en los listados. Además, los listados predefinidos disminuyen el riesgo de una actuación discrecional del facilitador al tener que explicar conceptos jurídicos que tienen un correlato político.
Rodrigo Araya: señala dos cosas. (i) que los listados temáticos fue la fórmula que encontraron que permitía exponer de manera más sencilla los distintos temas constitucionales a discutir y (ii) señala que dichos listados tienen una labor más preponderante en la etapa local, ya que los cabildos comienzan con el diagnósticos obtenidos previamente en la etapa local.
Arturo Fermandois: señala que se debe tomar una decisión respecto a dos propuestas de metodología: una que tienda a simplificar el catálogo de temas tornando más sencilla la labor del facilitador o bien optar por una propuesta más densificada de los nudos constitucionales, en cuyo caso el facilitador debe ser capacitado con un estándar de rigurosidad mayor
Francisco Fernández: propone que el tema sobre reforma a la constitución no sea incluido en los listados temáticos, pero que las asambleas puedan libremente incluirlo si así lo estiman.
Hernán Larraín: simplemente señala que la metodología de discusión contempla la posibilidad de agregar temáticas no contempladas en los listados.
José Miguel García: propone que en el eje de “valores” se incluya el concepto de “regionalización”.
Patricio Zapata: pide que el consejero Lucas Sierra elabore un texto de acuerdo en el que se explique las modificaciones que este consejo propone a la propuesta de los ejes temáticos. Los criterios aprobados para realizar esto son: que sea accesible al público común, constitucionalmente pertinente, con una estructura semi-abierta, y que se refiriera a los contenidos que pudiera tener una eventual constitución futura.
Arturo Fermandois: señala ser partidario de que no existan temas vetados de antemano, aunque recalca la importancia de que existan listados temáticos que circunscriban las discusiones de los cabildos dentro de un marco constitucional, ya que, de lo contrario, se podría caer en el otro extremo de que se discutan aspectos que no tienen una conexión directa con el orden constitucional.
Tercer Tema: “Facilitadores Voluntarios”, expone el presidente Patricio Zapata.
Patricio Zapata: comienza explicando la figura de los facilitadores voluntarios tal como se había propuesto en la guía metodológica.
Luego, propone algunos requisitos limitaciones que deberían cumplir dichos facilitadores voluntarios: (i) se requiera el consentimiento de los tres facilitadores de la provincia respectiva. (ii) limitar el número de facilitadores voluntarios por provincia en proporción a su población. (iii) deban enviar reportes de los encuentros a los facilitadores contratados. (iv) que exista la posibilidad de desvincular a un facilitador voluntario. Luego comenta la posibilidad de prescindir de la figura de los facilitadores voluntarios. Así, cada grupo que se auto-convoque fija de manera unilateral a un miembro que haga las veces de coordinador de la instancia, sin necesidad de investidura previa.
Para ambas alternativas, propone que el CCO realice labores de fiscalización y control. Por último, existe también la opción de que el CCO no participe de ninguna forma en la etapa de discusión local.
Termina señalando que, en su opinión, la figura del facilitador voluntario puede ser una excelente oportunidad para involucrar activamente a la juventud, ya que ésta quedó automáticamente excluida de la posibilidad de ser facilitador contratado. Por ello, sería positivo aprovechar esta fuerza y voluntad en esta primera etapa del proceso.
Francisco Soto: señala preferir la alternativa de que sea uno de los participantes del grupo que se auto convoca el responsable de coordinar y darle formalidad al encuentro local. Lo anterior por la imposibilidad (por los tiempos) de realizar un proceso selección y capacitación de los facilitadores voluntarios. Por tanto, los esfuerzos del CCO se deberían concentrar en que dichas personas tengan los conocimientos generales que les permita cumplir con los requisitos de forma que contempla un encuentro local.
Hernán Larraín: pregunta a la Segpres qué mecanismos se contemplan para asegurar la idoneidad de los facilitadores voluntarios.
Carolina Gómez: responde que se diseñó un sistema que reciba las solicitudes de los facilitadores voluntarios vía web donde se le realizan una serie de preguntas para evaluar el grado de experiencia de éstos en la conducción de diálogos grupales. El sistema genera un ranking de las postulaciones de modo de que quienes cumplan los requisitos planteados en las preguntas puedan optar a ser facilitadores voluntarios.
Hernán Larraín: pregunta de qué modo se va a verificar que los requisitos que dichos postulantes dicen cumplir sean efectivos.
Tomás Jordán: responde que el sistema está conectado con el Registro Civil por lo que se pueda verificar la identidad de la persona que postula.
Carolina Gómez: responde que una manera de verificar el cumplimiento de los requisitos es a través de las referencias que los postulantes señalen. Con todo, señala que el diseño se basa en la confianza en la veracidad de las postulaciones.
José Miguel García: señala que el Decreto que constituye al Consejo el claro en señalar que se debe conocer y observar el desarrollo de los encuentros locales. Por tanto, comenta que, a su juicio, no es posible que el CCO decida no participar de dicha instancia puesto que está mandatado para ello.
Gastón Gómez: pregunta si existe algún mecanismo que impida que una misma persona participe en una serie ilimitada de encuentros locales.
Tomás Jordán: responde que no habría problema en implementar un sistema en que todos los asistentes a un encuentro local ingresen su RUT y luego el sistema bloquee la participación de dicho ciudadano en un nuevo encuentro.
Gastón Gómez: sugiere que se utilice a los facilitadores contratados sobrantes para que colaboren en actividades de certificación de los encuentros locales.
Tomás Jordán: responde que no habrá facilitadores contratados sobrantes, ya que todos estarán distribuidos en el territorio. Sin embargo, señala que dicha labor de fiscalización de los encuentros locales podría ser asumida por todos los facilitadores contratados.
Salvador Millaleo: pregunta cuál es la labor específica de los facilitadores contratados en la etapa de encuentros locales.
Tomás Jordán: responde que tienen una labor de supervigilancia de los encuentros locales. Ellos reciben las actas y certifican si se han cumplido los requisitos formales y validan dicho encuentro.
Cuarto Tema: “Encuentros Locales”, expone el consejero Héctor Mery.
Héctor Mery: procede a comentar 10 puntos que, a su juicio, son problemáticos respecto a lo señalado en la metodología:
1) Mayores de 14 años: comenta que respecto a la participación de las personas mayores de 14 y menores de 18 años es problemática puesto que si bien no se trata de una instancia técnicamente de ejercicio de la ciudadanía, consiste en un proceso constituyente. Por tanto, sugiere que solo los mayores de 18 años participen de estos encuentros locales.
- Rol de los funcionarios públicos en los encuentros locales: señala que existe el riesgo, en ciertos sectores con un nivel de capital educacional menor, de que las autoridades locales ejerzan una presión sobre público que participe.
- Intervención de personas naturales y no jurídicas: ningún participante se puede presentar en la asamblea en cuanto personas jurídicas, sino simplemente como ciudadano común.
- Personas privadas de libertad: pregunta cuál será la regla respecto de ellos.
- Personas domiciliadas en el extranjero: pregunta qué se ha pensado respecto a este punto.
- Participación de los consejeros en los encuentros locales: pregunta si los miembros del CCO pueden o no participar.
- Tiempo de duración: sugiere que el tiempo de discusión debe ser mucho mayor a 3 horas.
- Pueblos indígenas y género: pregunta qué ocurre con los encuentros que se desarrollen solo con miembros de una sola etnia, o sólo con participantes de un mismo género.
- Posibilidad de exclusión de participantes: pregunta si existe la facultad de excluir a personas de participar de los encuentros locales.
- Inscripciones y denuncias: sugiere que el consejo reciba las solicitudes de inscripciones de los encuentros locales y de denuncias. Patricio Zapata: ofrece la palabra.
Lucas Sierra: pregunta al consejero Héctor Mery cuál es su opinión respecto a la posibilidad de que una misma persona participe en varios encuentros locales.
Héctor Mery: responde que eso dependerá del contexto de cada localidad.
Tomás Jordán: procede a aclarar algunos de los puntos planteados: (i) las autoridades locales pueden participar de los encuentros siempre y cuando respeten marco legal en el desempeño de su cargo y el principio de probidad. Para ello, se está elaborando un protocolo que básicamente recoge lo que la Contraloría ha señalado al respecto. (ii) no habría problema en que un grupo (etnia-género) genere un encuentro local en el que participen solo miembros de dicha etnia o género. (iii) sobre la participación de los chilenos en el extranjero, se llevarán a cabo a través de la ley 20.500 por medio del secretario del consulado como ministro de fe. (iv) sobre los menores de 18 años, señala que, puesto que tienen responsabilidad civil y penal, y tratándose de un proceso que no involucra ejercicio de la soberanía en sentido estricto, se consideró deseable la participación de este grupo etario. (v) sobre los privados de libertad, señala que es un punto que no ha sido definido, pero no existe una exclusión a priori. (vi) sobre la participación de los consejeros en encuentros locales, señala que, a su juicio, no sería bien percibido, por ser algo así como juez y parte. (vii) sobre la duración de los encuentros locales, responde que la duración es, a lo menos de 3 horas, no se trata de un máximo.
Rodrigo Araya: resume la metodología de los encuentros locales en tres etapas: (i) saludo (ii) diálogos en temáticas constitucionales (iii) actas finales.
Patricio Zapata: señala que es preferible la opción de que los encuentros locales sean conducidos por los líderes de dichos grupos y no por facilitadores voluntarios previamente escogidos, principalmente por los problemas logísticos y de tiempo que esta segunda alternativa implica. Propone (i) que se reduzca a 10 personas el requisito para que se constituya válidamente un encuentro local. (ii) que cada persona pueda participar en máximo 2 encuentros locales. (iii) que el CCO se reúna con gremios empresariales para pedirles formalmente que destinen una tarde de abril para los trabajadores que, voluntariamente, quieran realizar un encuentro local.
Salvador Millaleo: señala que el hecho de que los mismos grupos que se auto convocan decidan quién es el facilitador del debate, es muy funcional a la realidad de los pueblos indígenas, por las competencias que se requieren para supervisar dichos encuentros.
Hernán Larraín: señala tener serias dudas de que el CCO tenga herramientas para fiscalizar y observar los encuentros locales, y le preocupa que luego sean las conclusiones de dichos encuentros locales las que fijen el debate para la etapa de cabildos.
Lucas Sierra: pregunta (i) ¿Cuál es la relación entre las conclusiones de las etapas locales y el temario de discusión en la etapa de cabildos? (ii) si, en la hipótesis de que en una provincia no se realizaron encuentros locales, ¿cómo y quién fija los contenidos para el cabildo provincial?
Tomás Jordán: responde que, en dicho caso, los cabildos provinciales comienzan con las preguntas y los ejes temáticos del encuentro local. Patricio Zapata: propone que, para lo que resta la sesión, se discuta (i) el punto sobre los calendarios electorales y los cabildos. (ii) formas de observación del CCO. Las temáticas restantes serán discutidas en una próxima sesión.
Gastón Gómez: pregunta si es posible que la oposición organice un cabildo provincial, ya que el Gobierno organizará los suyos propios.
Tomás Jordán: responde que eso no está contemplado en el programa, ya que las gobernaciones y las intendencias son las encargadas de la producción de los cabildos pero siempre respetando los principios de imparcialidad. Por ello, no se contemplan cabildos paralelos.
Francisco Soto: señala que todas las experiencias de observación de procesos electorales alrededor del mundo se configuran frente a la observación de muestras y nunca del total. Por ende, señala confiar en que, conforme a la experiencia comparada, el CCO cuenta con todas las garantías y herramientas para desplegar una observación significativa.
Patricio Fernández: pregunta cómo se realizará el proceso de síntesis de las conclusiones de los encuentros locales para la etapa de cabildos provinciales. ¿Quién lo hará, cómo, en qué medida ese proceso es confiable?
Tomás Jordán: responde que dicha tarea estará a cargo de un grupo de terceros expertos ajenos al Gobierno. Se realizará de dicha manera tanto en las síntesis de los encuentros locales como en los cabildos provinciales y regionales. Añade que será la Segpres la entidad que contratará a ese grupo de terceros expertos. Por otro lado, todas las actas quedarán grabadas en el sistema y cualquier tercero podrá ingresar y revisar si las actas de dichos encuentros son coherentes con los documentos de síntesis que se hayan elaborado.
José Miguel García: sugiere que para los encuentros locales se destine un establecimiento en cada comuna para la realización de éstos, con un calendario específico. Así, se puede proceder a la observación aleatoria de dichos encuentros.
Patricio Zapata: señala que no se deben sub-utilizar las capacidades de los facilitadores contratados, ya que ellos podrían tomar la tarea de sistematización de los encuentros y cabildos, sin perjuicio de una revisión ex post de entidades especializadas.
Gastón Gómez: señala que el proceso de redacción de las Bases Ciudadanas para la Nueva Constitución es un proceso distinto de la síntesis de los diálogos ciudadanos y cabildos. Por tanto, tal proceso de redacción no puede ser meramente inductivo y realizable de manera objetiva, sino que requiere cierta discrecionalidad.
Patricio Zapata: señala que se dará paso a la exposición del consejero Fermandois y luego se retomará la discusión y el debate iniciado por Gastón Gómez.
Quinto Tema: “Superposición calendario elecciones municipales/cabildos provinciales y regionales”, expone el consejero Arturo Fermandois.
Arturo Fermandois: procede a explicar la minuta de resumen.
[Se adjunta a esta acta la minuta respectiva]
Patricio Fernández: pregunta qué se tienen presupuesto en cuanto a la participación de los funcionarios de Gobierno en las etapas de discusión ciudadana.
Francisco Fernández: señala que entiende que los funcionarios de Gobierno tienen una inhabilidad para ser facilitadores, pero que en ningún caso se les puede restringir su derecho a participar, en tanto ciudadanos, en los encuentros locales y en la etapa de cabildos.
Arturo Fermandois: responde que, en concordancia con los dictámenes de la Contraloría General de la República, si este proceso de participación llegase a dividir políticamente a la sociedad chilena, dichos funcionarios deberían observar un comportamiento prudente en las instancias de discusión ciudadana, lo que no implica la imposibilidad de participar sino, más bien, comporta el deber de hacerlo sujetándose a una exigencia superior.
Francisco Soto: señala que se debe elaborar un protocolo no solo para los gobernadores o autoridades locales que deben hacer un llamado a la participación, sino también a otros funcionarios de Gobierno que estarán encargados de la ejecución de los cabildos.
Patricio Zapata: intenta ordenar los puntos del debate señalando que, al parecer, respecto de los calendarios de las elecciones municipales, solo se dejaría excluido de cualquier tipo de actividad del proceso constituyente los 60 días anteriores a la elección municipal. Para todo el resto, habría que aplicar un protocolo estricto que permitiera fiscalizar el despliegue y las conductas de los funcionarios de Gobierno. Pregunta al CCO si están de acuerdo sobre este punto.
Héctor Mery: señala que más que elaborar nuevos protocolos, se debe exigir que los funcionarios de Gobierno se sujeten la normativa vigente y a los dictámenes de la CGR al respecto. Propone que ningún funcionario público pueda convocar ni dirigir un encuentro local.
Gastón Gómez: solicita que la ministra de Educación aclare la declaración que realizó a través de la prensa de que se realizarían cabildos en diferentes colegios y escuelas. Le llama la atención que dichas reuniones constitucionales en los colegios no está contemplada en el diseño del proceso que se le ha dado a conocer al CCO.
Tomás Jordán: señala que la propuesta de Segpres es comenzar con los encuentros locales el día 11 de abril hasta el 5 de mayo, de modo que los encuentros locales terminen 30 días antes de que comience el periodo de propaganda de las primarias municipales. Luego, los cabildos provinciales están estipulados para el 18 de junio y para los cabildos regionales el 23 de Julio, es decir, 90 días antes de la elección municipal. Considera que dichas fechas cumplen con la exigencia de respetar la campaña municipal. Sobre los funcionarios, sus derechos de participación se pueden ejercer fuera de su jornada de trabajo, ese el estándar legal y no le parece que haya otro criterio a exigir. Sobre las autoridades locales, éstas se deben sujetar al protocolo, pero puede participar en las instancias como ciudadano. Sobre la pregunta de Gastón Gómez, dicho proceso está fuera del diseño de participación constituyente que lleva la Segpres.
Hernán Larraín: dado que el plazo de inicio de los encuentros locales será el día 11 de Abril, pregunta cuáles serán los plazos de capacitación de los facilitadores voluntarios.
Tomás Jordán: responde que se espera que antes del 24 de Marzo se abra la convocatoria para los facilitadores voluntarios.
Patricio Fernández: señala que se debe establecer un criterio para juzgar cuándo las medidas adoptadas por los funcionarios públicos distorsionan el proceso constituyente y cuándo son un llamado genuino a la participación política. Agrega que los plazos establecidos en el calendario del Gobierno no son inamovibles, ya que lo fundamental es discutir los nudos con tranquilidad y resolverlos de manera prolija, y no avanzar rápido por la presión de cumplir con un calendario.
Patricio Zapata: propone que los consejeros se dividan los temas discutidos en la sesión, que propongan un texto de acuerdo y que luego dicho texto final sea discutido y aprobado por el CCO.
Lucas Sierra: propone que antes de tomar una decisión respecto a la aprobación de los encuentros locales, se debe escuchar la exposición del consejero Francisco Soto sobre los métodos de observación del CCO en dichas instancias. Esto, pues se trata de un elemento central para poder discernir bien la cuestión.
Tomás Jordán: pregunta al CCO cuándo se emitiría un pronunciamiento sobre las fechas del proceso (para el inicio de los encuentros locales), puesto que dicho dato es muy relevante para la organización logística y la elaboración del material correspondiente.
Patricio Zapata: responde que más que aprobar fechas lo que el CCO puede hacer es señalar en un texto de acuerdo en qué fechas estima que es inconveniente la realización de encuentros locales y cabildos. Señala que dicho punto será incluido en el texto de acuerdo.
Tomás Jordán: Agradece la instancia y se despide. Sexto Tema: “Formas de observación del CCO”, expone el consejero Francisco Soto. Francisco Soto: procede a explicar la minuta de resumen.
[Se adjunta a esta acta la minuta respectiva]
Patricio Zapata: propone que el texto de acuerdo se haga referencia al juicio que el CCO tiene sobre la campaña de educación cívica desarrollada por el Gobierno.
Lucas Sierra: pregunta a Francisco Soto cuáles serán en concreto los criterios y estándares para la observación en terreno. Sugiere que el CCO debería contar con una “tabla de evaluación” con criterios muy concretos que permitan hacer un chequeo sencillo. Además, pregunta si se ha pensado en que el CCO cuente con facultades de fiscalización de carácter imperativo, con posibilidad de aplicación in situ. Por ejemplo, parar una intervención u ordenar que otra se incluya, en el mismo momento.
Francisco Soto: señala que el CCO debería realizar un análisis muestral de a lo menos el 5% de los encuentros locales realizados. Además de eso, también se podría proceder a un análisis muestral respecto de los facilitadores voluntarios y del seguimiento del protocolo de actuación de los funcionarios públicos. Comenta que a partir de lo que dichos análisis arrojen, se debe procede a informar al Gobierno.
Gastón Gómez: señala que es fundamental la etapa de encuentros locales para el proceso. Sugiere que la tarea de observación muestral dicha etapa cuente con la colaboración de los facilitadores contratados y que el CCO establezca criterios estrictos para la validación de los encuentros locales.
Lucas Sierra: señala que, a su juicio, le parece desafortunado que el proceso de discusión constituyente se lleve a cabo el mismo año de las elecciones municipales. Además, comenta que no le parece que el proceso pierda legitimidad por el hecho de prescindir de los encuentros locales, siempre y cuando la etapa de cabildos provinciales y regionales se organice con la debida anticipación y se asegure (utilizando medios idóneos) la participación activa de la ciudadanía.
Hernán Larraín: propone modificar el calendario propuesto por el Gobierno, señalando que sería preferible utilizar los meses de Junio y Julio para la realización de los encuentros locales, y después de las elecciones de octubre comenzar con los cabildos provinciales y regionales. De ese modo el CCO tomarse el tiempo necesario para evaluar correctamente el diseño y las etapas del proceso.
Patricio Zapata: plantea dos observaciones: (i) señala estar consciente de que la tarea del CCO es que el proceso de discusión constitucional no sea utilizado como un espacio para la mera propaganda de candidatos. (ii) sin embargo, señala no estar de acuerdo en que exista una incompatibilidad entre la realización de un proceso de discusión constituyente y la realización de elecciones municipales. Comenta que existe una serie de experiencias comparadas en que ambos procesos se han llevado a cabo en paralelo.
Patricio Zapata: Levanta la sesión.
Siendo las 21:00 hrs se levanta la sesión.
ANEXOS
anexo_sesion_12_presentacion_Arturo_Fermandois
anexo_sesion_12_presentacion_Salvador_Millaleo