Sesión 18: Participación de funcionarios públicos y dirigentes de partidos políticos ne le proceso constituyente
El 25 de Abril de 2016, se celebró una nueva sesión del Consejo Ciudadano de Observadores (CCO), en la que se decidió redactar un nuevo Acuerdo (Nº7) sobre la participación e intervención de funcionarios públicos y dirigentes de partidos políticos en el proceso participativo.
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En la ciudad de Santiago, a 25 de Abril de 2016, siendo las 15:37 horas, en la Casa Central de la Universidad de Chile, ubicada en calle Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1058, se celebra sesión ordinaria del Consejo Ciudadano de Observadores (CCO), con la asistencia de los consejeros: Lucas Sierra, Patricio Fernández, Gastón Gómez, Roberto Fantuzzi, Jean Beausejour, Francisco Soto, Ruth Olate, Héctor Mery, Juanita Parra, Arturo Fermandois, Francisco Fernández, Hernán Larraín, Salvador Millaleo, Benito Baranda y Patricio Zapata (Presidente). Excusaron su inasistencia los consejeros: Gastón Gómez y Ruth Olate. Actúa como secretario ejecutivo el señor Andrés Vodanovic.
a) Resumen Ejecutivo: En esta sección se detallan brevemente los principales acuerdos tomados y conclusiones obtenidas en la sesión.
- 1) Se decide redactar un nuevo Acuerdo del CCO (Nº 7) sobre la participación e intervención de funcionarios públicos y dirigentes de partidos políticos en el proceso participativo.
b) Acta de Discusión: En esta sección se sintetizan las principales intervenciones de los consejeros.
1) Discusión interna CCO:
Patricio Zapata: en primer lugar, señala la tabla definitiva para la sesión:
- 1) Discusión interna CCO.
- 2) Audiencia Chile Vamos.
- 3) Audiencia Amplitud.
Sugiere abrir la palabra comentando la experiencia de observación de los encuentros locales del pasado fin de semana, fecha en que éstos se iniciaron. Francisco Soto: comenta, en primer lugar, que es muy razonable que estos procesos requieran algún tiempo de adaptación, por lo que lo ocurrido el fin de semana es explicable. Luego, agrega que la plataforma web incorporará una pestaña para que los usuarios puedan señalar hora de realización, un teléfono de contacto, y para que indiquen si autorizan que su encuentro local pueda ser visitado por terceros.
Héctor Mery: comparte algunas consideraciones: (i) considera que la baja participación de los primeros días era algo muy esperable. (ii) critica el contenido insuficiente de la información enviada por SEGPRES (horarios inexactos, sin fono de contacto, etc.), limitando las posibilidades de observación de parte de los consejeros. (iii) expresa que, a su juicio, la presencia de la Presidenta de la República en uno de los encuentros locales fue un acto inadecuado, que envía una señal errónea al resto de los funcionarios públicos. (iv) sugiere que cada los encuentros locales que lo requieran puedan contar con un texto de la Constitución vigente como un insumo complementario para la discusión.
Francisco Fernández: manifiesta su discrepancia respecto a lo señalado por el consejero Mery, ya que si la presencia de la Presidenta de la República no sesgó ni manipuló el debate, no puede ser considerado como una injerencia indebida.
Benito Baranda: señala algunas observaciones: (i) propone solicitar formalmente la presencia de los facilitadores en los encuentros locales que se lleven a cabo en su territorio. (ii) considera que la presencia de autoridades tuvo la finalidad de promover los encuentros, aunque manifiesta su preocupación de que dicha presencia sea la tónica de los encuentros locales. (iii) comenta que muchas personas inscribieron encuentros locales sin consultarle previamente a sus vecinos, por lo que gran parte de los encuentros frustrados se debe a la falta de coordinación entre los propios grupos que se autoconvocan.
Patricio Fernández: prosigue con las observaciones: (i) considera que la presencia de la Presidenta Bachelet en el primer encuentro local es una situación absolutamente razonable. Considera que el CCO no debería realizar ninguna crítica pública frente a este hecho. (ii) expresa que existe mucha desinformación en los medios de comunicación y en la oposición, por la que insta a los miembros del Consejo a aclarar dichos aspectos dentro de círculos respectivos. (iii) valora el hecho de que los encuentros locales, en algunos casos, tengan un carácter estrictamente privado.
Héctor Mery: responde al reparo planteado por el consejero Patricio Fernández. Concretamente, expresa que él distingue acciones de las autoridades para favorecer el desarrollo del proceso, lo que le parece admisible, de acciones que puedan sentar un mal precedente para la imparcialidad del proceso. A su juicio, la presencia de la Presidenta de la República puede ser una mala señal para el resto de los funcionarios públicos, que pueden considerar adecuado visitar los encuentros locales antes de que comience el debate propiamente tal.
Roberto Fantuzzi: plantea dos ideas: (i) hace un llamado a que, como miembros del CCO, no podemos levantar sospechas frente a la Presidenta de la República. Se debe tener confianza en que sus acciones tienen el propósito de convocar la participación ciudadana y no inmiscuirse en los resultados de éste. (ii) expresa que se requiere información pública para que la ciudadanía pueda participar de los encuentros locales, ya que de otro modo es probable que la instancia fracase.
Patricio Fernández: pregunta al resto de los consejeros si alguno considera que el Gobierno ha hecho caso omiso a las recomendaciones planteadas por este consejo.
Arturo Fermandois: responde que, dicho con esa generalidad, la respuesta claramente es no. Sin embargo, plantea su preocupación sobre las acciones de las autoridades de Gobierno y los altos funcionarios públicos, en el sentido de que deben limitarse solo a labores de información del proceso, tal como ha señalado el CCO en sus acuerdos. La motivación debe quedar excluida del campo de su accionar, puesto que precisamente lo que se quiere evitar es generar una participación artificial. Este proceso se fundamentan en la premisa de que la ciudadanía demanda un proceso de discusión constitucional, por ende, éste debiese emerger espontáneamente, sin necesidad de incentivos ni esfuerzos motivacionales de parte del Ejecutivo.
Patricio Fernández: indica que el CCO debe garantizar la participación amplia de toda la ciudadanía. Por ende, no sólo se deben sentir invitadas a participar las personas que son partidarias de una nueva Constitución, sino también aquellas que tienen la opinión contraria. En ese sentido, el CCO debe resguardar que existan los medios que aseguren una alta participación, cuestión que, a su juicio, no se ha realizado hasta el momento.
Lucas Sierra: expresa no estar de acuerdo con lo señalado por el consejero Patricio Fernández, puesto que el grado de convocatoria que logre el proceso es algo que no está fuera de la responsabilidad del CCO y, por tanto, de su ámbito de observación .
Juanita Parra: comenta su experiencia en la observación de un encuentro local el fin de semana. Informa que dicho encuentro se llevó a cabo en un domicilio particular, sin la presencia de ninguna autoridad, en la que pudo observar un muy buen debate y excelente organización. Agrega que le dio mucho gusto poder participar de dicha instancias y ver a personas comunes y corrientes discutiendo sobre aspectos constitucionales, ya que por tal motivo ella decidió formar parte de este consejo.
Lucas Sierra: señala que el CCO debe establecer un sistema para dar seguimiento al cumplimiento de sus acuerdos. Agrega que se hicieron observaciones concretas sobre el spot promocional y respecto de la metodología de los encuentros locales, y quisiera saber cuál fue la reacción del gobierno ante dichas observaciones.
Hernán Larraín: procede a realizar algunas observaciones: (i) comparte el hecho de que existieron problemas de información sobre la realización de los encuentros locales que deben ser corregidas a la brevedad posible. (ii) pregunta cuál es el estado de avance respecto a la propuesta del equipo técnico encargado de la sistematización de las actas de los encuentros y cabildos. (iii) propone citar al equipo de la Segpres para la próxima sesión con el objeto que informe el estado del proceso de encuentros locales, qué cambios se han introducido, etc. (iv) indica que existirá una tensión entre la tarea de observación de este consejo y la imposibilidad de ingresar a observar encuentros que se lleven a cabo en domicilios particulares.
Patricio Zapata: manifiesta que la tarea del CCO es dar cuenta de la realidad del proceso, y lo acontecido el fin de semana da cuenta de ello: que este no es un proceso coordinado artificialmente desde arriba sino que uno gestionado por la propia ciudadanía con los riesgos de descoordinación que ello implica. Sobre las Bases Ciudadanas, expresa que, en su concepto, existe un acuerdo con el Gobierno para que el CCO se haga cargo del proceso de producción de dicho documento. Sobre el equipo técnico encargado de la sistematización, adelanta que existen conversaciones avanzadas con equipos de la Universidad de Chile y la Universidad Católica, con el objeto de complementar al equipo encabezado por Rodrigo Márquez (PNUD).
Patricio Fernández: reitera la pregunta al resto de los consejeros sobre si consideran que alguna solicitud realizada por este consejo ha sido derechamente desestimada por el Gobierno.
Arturo Fermandois: procede a explicar su propuesta sobre la participación de los funcionarios públicos en el proceso de debate constitucional.
1. Protocolo del Gobierno: Consejo debe acordar objetar la letra d), del N°2 del Protocolo enviado por el Gobierno, en la parte que afirma que “autoridades, jefaturas y funcionarios pueden…. instar a participar en el proceso constituyente”, por incluir la autorización de conductas y actividades que han sido estimadas contrarias a la neutralidad por el Acuerdo N°4. Este acuerdo resolvió excluir la “motivación” a los ciudadanos a participar en el proceso como parte de las conductas permitidas a los funcionarios públicos, acotándola a la “información” de las actividades y modalidades del mismo.
2. Funcionarios impedidos de convocar encuentros locales. Propone utilizar los siguientes criterios de exclusión: i. Jefaturas y funcionarios de exclusiva confianza: Artículos 7 b) y 7 c) del Estatuto Administrativo, ley 18.834: “En los Ministerios, los Secretarios Regionales Ministeriales y los Jefes de División o Jefaturas de niveles jerárquicos equivalentes o superiores a dichas jefaturas, existentes en la estructura ministerial, cualquiera sea su denominación”. (Art.- 7, letra b): Ej: Jefe de la división jurídica del Ministerio de Obras Públicas. “En los servicios públicos, los jefes superiores de los servicios, los subdirectores, los directores regionales o jefaturas de niveles jerárquicos equivalentes o superiores a dichas jefaturas, existentes en la estructura del servicio, cualquiera sea su denominación”. (Art. 7, letra c). Ej: Jefe de la unidad de grandes contribuyentes del SII. ii. Además, los funcionarios estimados sensibles por le Ley del Lobby, N° 20.730, de 2014, Ley del Lobby. Artículo 3°. Concepto: funcionarios públicos con poder de decisión o de influencia sobre los actos administrativos. Incluye: Todas las personas listadas en artículo 3° de la ley: – Descripción taxativa, inciso primero de la ley: 1. Los ministros, 2. subsecretarios, 3. jefes de servicios, 4. los directores regionales de los servicios públicos, 5. los intendentes y gobernadores, 6. los secretarios regionales ministeriales y 7. los embajadores. 8. Jefes de gabinete. – Y además incluye una descripción conceptual genérica, inciso segundo de la ley, que en síntesis alcanza a todas las personas que “(…) en razón de su función o cargo, tengan atribuciones decisorias relevantes o influyan decisivamente en quienes tengan dichas atribuciones, y reciban por ello regularmente una remuneración”, cuya lista precisa de nombres cada servicio público tiene publicada por orden del inciso segundo del mismo artículo 3°. Con más precisión, el inciso segundo el artículo 3° de la ley 20.730 expresa: “También estarán sujetos a las obligaciones que esta ley indica, cualquiera sea su forma de contratación, los jefes de gabinete de las personas individualizadas en el inciso precedente, si los tuvieren; así como las personas que, en razón de su función o cargo, tengan atribuciones decisorias relevantes o influyan decisivamente en quienes tengan dichas atribuciones, y reciban por ello regularmente una remuneración. Anualmente, el jefe superior del servicio respectivo individualizará a las personas que se encuentren en esta calidad, mediante una resolución que deberá publicarse de forma permanente en los sitios electrónicos indicados en el artículo 9º.”
Lo interesante de este concepto es que el Consejo de Observadores se remitirá a una categoría ya existente en la ley, y a unas listas de nombres ya existentes, ley que está sujeta al mayor estándar de transparencia (lobby).
3. Funcionarios Habilitados para Convocar Encuentros Locales. Todos los funcionarios públicos que no estén incluidos en las listas anteriores. Por ejemplo, el personal administrativo y auxiliar de la Administración.
2) Audiencia Coalición Chile Vamos:
Patricio Zapata: da la bienvenida a la delegación de la coalición Chile Vamos. Propone que tome la palabra, en primer lugar, los representantes de Chile Vamos y luego los consejeros podrán hacer los comentarios que estimen pertinentes. Alejandra Bravo: en primer lugar, agradece que el CCO haya accedido a esta conversación que considera de vital importancia. Luego, procede a realizar algunos comentarios: (i) indica que en el mes de enero la Comisión de Constitución de Chile Vamos entregó a este consejo un documento con 19 sugerencias para que este proceso de discusión constitucional cumpliera con estándares mínimos de legitimidad. Chile Vamos sólo obtuvo respuesta respecto de 5 de los 19 puntos omitiendo, a su juicio, los aspectos más relevantes, tales como: a) El decreto de constitución de este Consejo no le otorga facultades para observar el proceso. b) el Gobierno no accedió a que fuera el Servel el organismo que supervigilase este proceso. c) El CCO no es el encargado de redactar el documento Bases Ciudadanas para una Nueva Constitución (BCNC), cuestión clave para resguardar la imparcialidad de los resultados. (ii) propone que el CCO exija al Gobierno un nuevo decreto que se entregue facultades efectivas de observación, y que la tarea de redacción de las BCNC sea competencia de este consejo.
Hernán Larraín Fernández: continúa con las observaciones: (i) expresa que el Gobierno tiene todo el derecho a impulsar una política pública que contemple la consulta ciudadana respecto de aspectos constitucionales. Sin embargo, agrega, si dicho proceso pretende erigirse como un proceso de Estado, el estándar de imparcialidad se vuelve más riguroso. En ese sentido, Chile Vamos considera que hasta el minuto el Gobierno no ha entregado las garantías suficientes para que este proceso en particular sea considerado un proceso de Estado. (ii) señala que Chile Vamos, en reunión sostenida con la Presidenta de la República, exigió que fuera el CCO el encargado de llevar adelante este proceso, contando con todas las facultades necesarias para ellos. Lamentablemente, observa, dicha cuestión no ha ocurrido. (iii) indica que los partidos políticos que integran Chile Vamos no harán un llamado a sus miembros para que participen en el debate constituyente, puesto que consideran que este es un proceso que convoca a la “ciudadanía” y no a los partidos políticos.
Nicolás Monckeberg: prosigue con los comentarios:
(i) expresa que desde Chile Vamos, y particularmente Renovación Nacional, jamás ha existido un temor a participar de un debate constitucional, lo que se puede observar claramente en las acciones históricas de dicho partido.
(ii) manifiesta que el legítimo que el Gobierno impulsa un proceso constituyente de esta naturaleza, sin embargo, los problemas surgen por la forma en la que se ha llevado a cabo. Declara que, en lo personal, no le cree al Gobierno; no cree que realmente se pretenda una participación ciudadana genuina e imparcial. Para sostener lo anterior, indica:
- a) El Gobierno ha estado no solo impulsando sino que involucrado en el proceso, con una participación muy activa de la Presidenta de la República, inflando las expectativas ciudadanas, enarbolando una idea de Nueva Constitución que solucionará todos los problemas de la ciudadanía.
- b) expresa que como oposición han visto a altos personeros de Gobierno, en instancias oficiales, haciendo llamados abiertos a una Nueva Constitución, o criticando aspectos de la constitución actual, haciendo uso del aparataje y los recursos públicos.
(iii) en el proceso de selección de los facilitadores, denuncia que hubo una manifiesta inclinación por los postulantes cercanos a las ideas de izquierda o progresistas. A modo de ejemplo, comenta que de 50 candidatos presentados por Renovación Nacional solo uno fue finalmente seleccionado.
(iv) por último, señala que le preocupa que el próximo año el ambiente de discusión constitucional pueda ejercer una presión negativa entre los parlamentarios, dificultando una libre deliberación de este asunto. Jorge Saint Jean: procede a realizar algunas observaciones:
- (i) destaca que desde Evópoli existe un claro llamado a sumarse a este proceso desde la participación ciudadana y la exposición de ideas. Para ello, comenta que darán a conocer a la brevedad un documento que contiene propuestas en materia de nueva constitución.
- (ii) advierte, sin embargo, que están preocupados en la forma en que se ha llevado a cabo el proceso, cuestión en la que no ahondará por que ha sido profusamente explicada por sus antecesores en el debate. Patricio Zapata: comenta y responde alguna de las observaciones planteadas:
1) Sobre las Bases Ciudadanas: comenta que el diseño inicial del Gobierno no se contemplaba que el CCO tuviera participación en la redacción de dicho documento. Sin embargo, y luego de un estudio detallado del decreto de constitución, este consejo consideró de que estaba facultado para observar el proceso de redacción de las BSNC. El CCO, en su acuerdo N°4, estableció por votación casi unánime asumir la responsabilidad en la redacción de la bases, cuestión que fue respaldada por el Gobierno. Otra cosa distinta, añade, es la redacción de la sistematización de las actas de los encuentros, cuestión que técnica y materialmente este consejo no podría asumir. Por ello, el Gobierno convocó a un grupo técnico para desarrollar dicha tarea, cuestión que fue observada por el CCO sugiriendo una composición plural del equipo técnico, sugerencia que fue acogida por el Gobierno, para lo cual se extenderá la convocatoria a equipos técnicos en la Universidad de Chile y Católica de Chile.
2) Sobre el Decreto: señala que es de público conocimiento que el decreto original que ingresó a Contraloría sufrió objeciones de parte del contralor respecto a los alcances de la potestad reglamentaria autónoma de la Presidenta de la República, por lo que algunos verbos de las funciones de este consejo sufrieron modificaciones. Con todo, desde el Gobierno se nos ha asegurado la más completa confirmación de nuestras atribuciones, de nuestra autonomía e independencia. Todas las acciones de observación que ha realizado el CCO han sido realizadas con las atribuciones que nos otorga este decreto, y hemos trabajo dentro de ese marco legal. Consideramos que, a pesar de las limitaciones legales que implica haber sido creados por decreto y no por ley, hemos realizado un trabajo con sustanciales consecuencias para el correcto desarrollo del proceso.
3) Sobre los Facilitadores: expresa que el proceso de selección se llevó a cabo por el Servicio Civil en conjunto con la observación varios miembros de este consejo. Señala estar en conocimiento de algunas denuncias que se produjeron en la primera etapa del proceso que fue desarrollada por empresas consultoras externas que llevan varios años trabajando en el sistema de alta dirección pública, denuncias que deben ser planteadas formalmente para que sigan el curso legal que está contemplado. Luego, miembros del CCO participaron en la segunda y tercera etapa del proceso que consistía en la selección de los candidatos, instancia que se llevó a cabo respetando los principios de imparcialidad y ausencia de sesgo político. Comenta que es posible que haya existido un cierto sesgo político por la naturaleza de la convocatoria, que pudo ser recibida con mejor ánimo (y por ende mayor participación) desde ciudadanos más cercanos a la posición del Gobierno. Con todo, dicha afinidad no fue considerada en ninguna de las etapas del proceso. Por otra parte, la jornada de capacitación de los facilitadores fue observada por el CCO, lo que finalmente se tradujo en una serie de modificaciones a la misma: a) el hecho de realizarse al alero de una Universidad. b) la presencia de la Biblioteca del Congreso. c) la no injerencia de autoridades de Gobierno en la realización de la misma, etc.
4) Sobre la Publicidad el proceso: manifiesta que el CCO ha realizado observaciones a las piezas que componen la campaña publicitaria del Gobierno, garantizando que ésta se lleve a cabo respetando el principio de imparcialidad. Prueba de ellos es que por sugerencia de este consejo, se eliminó cualquier referencia a “una Nueva Constitución” en las piezas publicitarías, utilizando expresiones tales como “una Constitución discutida en democracia”, “una Constitución para chile” etc. Lo anterior, sin perjuicio de la referencia a una “Nueva Constitución” que legítimamente pueda realizar la Presidenta de la República y sus ministros. Finalmente, expresa que el trabajo del CCO no se ha visto exento de errores, tanto de funcionamiento interno como de acción externa. Con todo, la falta de independencia y autonomía no ha sido uno de ellos, garantías de las que ha gozado siempre. Tenemos, como cuerpo, la más completa convicción de que el trabajo de este consejo no ha sido decorativo, existe un compromiso de observar y garantizar el completo desarrollo del proceso.
Francisco Fernández: manifiesta que su disidencia respecto a que el CCO se arrogue la autoría en la redacción de las BCNC se debe a que, a su entender, este consejo tiene una labor a analogable a la función administrativa de carácter pasivo, que consiste no en realizar actos de potestad sino, más bien, observar que dichos actos se sujeten a ciertos estándar normativo. Por tanto, la tarea del CCO debe limitarse a observar que las BCNC, redactadas por el Gobierno, guarden relación con las conclusiones del proceso de participación ciudadana.
Francisco Soto: procede a realizar algunos comentarios: (i) pide disculpas oficiales al presidente de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg, por los dichos vertidos por algunos miembros del CCO frente a las opiniones políticas emitidas por éste respecto al proceso de debate constitucional. (ii) advierte que cerca del 40% de los encuentros locales autoconvocados será realizado en un domicilio particular, lo que impide la intervención de parte de autoridades políticas, y al mismo tiempo limita las posibilidades de observación del CCO. (iii) sobre la propuesta de 19 puntos enviada por Chile Vamos, comenta que este consejo discutió y valoro profundamente dicha contribución, pero considera que no es su función dar respuesta a cada uno de los planteamientos que se le presentan, sino solo aquellos que sean considerados funcionales a su tarea.
Lucas Sierra: sobre los dichos del senador Larraín, señala que si bien la decisión de los partidos políticos de no participar en el proceso es una cuestión enteramente autónoma, advierte que la razón esgrimida aquí para justificar dicha decisión (el carácter “ciudadano” del proceso) no le parece satisfactoria o relevante. Comenta que el CCO, de forma unánime, declaró que no existe ninguna limitación para que los militantes de partidos políticos participen en el proceso. Por tanto, solicita al senador Larraín profundizar en las razones que justifican tal decisión.
Salvador Millaleo: presenta algunas consideraciones: (i) se suma a las disculpas públicas ofrecidas por el consejero Soto, aunque agrega que personalmente ha sostenido la misma postura crítica respecto al Gobierno. (ii) solicita si pudieran darle al CCO algunos consejos prácticos sobre cómo mejorar la labor de observación y fiscalización del proceso.
Patricio Fernández: prosigue con los comentarios: (i) expresa que todas las observaciones que han sido representadas al Gobierno han sido acogidas por éste, lo que demuestra la injerencia del CCO en el correcto desarrollo de este proceso; por lo que gran parte de las observaciones que hoy señala Chile Vamos se deben a malos entendidos o a falta de debida información. (ii) declara que este Consejo acordó con el Gobierno observar la redacción de las BCNC. (iii) manifiesta que los comentarios del señor Cristián Monckeberg sobre el proceso de selección de facilitadores no le hace justicia al verdadero desarrollo de dicho proceso, en el que señala haber participado y observado y en el que se cumplieron, desde su experiencia, altos estándares de imparcialidad y donde no tuvo ninguna injerencia la militancia política de los candidatos. (iv) expresa que desde el Gobierno se ha comprometido una nueva forma de trabajo para que el CCO pueda analizar oportunamente todas las piezas comunicacionales que se exhiban, mejorando sustancialmente el modo en el que se venía trabajando. (iv) finalmente, declara que muchos de los cuestionamientos plantados hoy por Chile vamos se fundamentan en premisas o en informaciones que no son efectivas.
Alejandra Bravo: responde a lo señalado por el consejero Patricio Fernández expresando que: (i) si el proceso se estuviera llevando a cabo con la transparencia y la imparcialidad que el consejero asegura, no se hubiera observado tan baja participación al inicio de éste. Destaca que la izquierda y el Gobierno han fracasado en su cometido. (ii) manifiesta que jamás pensó que iba a tener que luchar nuevamente contra una Constitución que se gesta de manera ilegítima. Destaca que luchó tenazmente contra la dictadura militar y su proceso constituyente ilegítimo y ahora debe hacer lo mismo con otro proceso que se inicia de igual forma.
Hernán Larraín: realiza sus comentarios finales: (i) sobre la pregunta del consejero Lucas Sierra, responde que no se refería a que los militantes de su partidos no pudieran participar, sino que él ha entendido que el llamado de participación es a la ciudadanía y no a los cuerpos intermedios que la representan. (ii) comenta que la Presidenta Bachelet ha dado inicio a este proceso al más puro estilo Venezolano, haciendo el llamado, a través de cadena nacional, a discutir una Nueva Constitución para Chile, en un acto puramente oficialista. (iii) sobre el trabajo que podría realizar el CCO propone que: a) observen la composición del equipo de facilitadores, ya que existen antecedentes fidedignos para sospechar sobre su imparcialidad. b) solicita que los miembros del Consejo participen activamente en la etapa de cabildos locales y provinciales, observando su correcto desarrollo. c) solicita que el CCO se asegure de redactar el documento de BCNC. Cristián Monckeberg: señala que lo expresado por el consejero Patricio Fernández, respecto de que el CCO debiera observar a la oposición, es un comentario injusto y totalmente errado. Pregunta en qué sentido la oposición estaría realizando una labor que debería ser observada o fiscalizada.
Patricio Fernández: responde que su comentario no insinuaba nada de eso, sino más bien que si la intención de todos los actores es que este proceso se lleve a cabo de manera exitosa, con la participación masiva de toda la ciudadanía, luego, sería muy importante de que no existiera ningún tipo de manipulación respecto a la información que sale de este consejo. Patricio Zapata: agradece la presencia de los miembros de Chile Vamos.
3. Audiencia Partido Amplitud:
Patricio Zapata: agradece la presencia del partido político Amplitud. Le ofrece la palabra a la senadora Lily Pérez.
Senadora Lily Pérez: agradece al CCO por la invitación y procede a señalar algunos puntos: (i) informa que desde Amplitud se ha conformado un equipo constitucional que estará a cargo de aportar con ideas para el desarrollo de este crucial debate para el país. (ii) comenta de que como partido tiene una serie de dudas muy legítimas respecto del proceso. Sin embargo, y dada la opinión de sus bases, han decidido participar activamente del proceso de debate constitucional. Manifiesta que exigirán reglas claras de parte del gobierno, con el objeto que se asegure una discusión imparcial y democrática. (iii) indica que han elaborado un cuestionario con 30 preguntas acerca del proceso y del rol del CCO.
Pedro Anguita: prosigue con otras observaciones: (i) reitera la decisión de Amplitud de sumarse y participar en el proceso de debate constitucional. (ii) advierte que la falta de atribuciones y potestades legales que carece este consejo, han generado preocupación y dudas en Amplitud.
Eugenio González: procede a dar lectura a las 30 preguntas del cuestionario de Amplitud.
[Se adjunta a esta acta el cuestionario del Partido Amplitud]
Pedro Browne: expresa algunas propuestas en materia constitucional elaboradas desde el partido amplitud: (i) el problema de la Constitución actual es que contiene una serie de materias de perfectamente podrían regularse a nivel de ley simple, lo que implica que muchas reformas legales sean, a su vez, reformas a la Constitución. (ii) sumado a lo anterior, la Constitución actual presentan altos quorum lo que hace muy difícil su reforma. (iii) plantea que el país requiere una Constitución mínima, que regule los aspectos fundamentales básicos, y que permita el libre despliegue de la política. Además, dicha Nueva Constitución debería fundarse sobre los siguientes principios: a) redistribución del poder político y más democracia. b) un desarrollo económico que le otorgue mejor calidad de vida a los ciudadanos. c) expansión de las libertades individuales. d) que exista una sociedad donde todos sean tratados como iguales.
Patricio Zapata: agradece las observaciones y compromete a la secretaría ejecutiva para que entregue una pronta y completa respuesta a cada una de las preguntas del cuestionario. Ofrece la palabra a los consejeros.
Héctor Mery: comenta que los listados temáticos en la etapa de los encuentros locales son meras sugerencias para dar inicio al debate, otorgando a los ciudadanos la posibilidad de agregar nuevas temáticas.
Salvador Millaleo: procede a responder alguna de las inquietudes planteadas: (i) para los encuentros locales serán los mismos grupos que se convocan quienes designaran al coordinador o monitor de la instancia dentro de los mismos asistentes. (ii) señala que el CCO colaboró en el diseño de la jornada de capacitación para los facilitadores, sugiriendo que ésta se llevará a cabo en una universidad con un claro sello académico plural y sin la intervención de autoridades de Gobierno. (iii) comenta que el CCO será el responsable de la supervisión y redacción de las Bases Ciudadanas. (iv) indica que el CCO abrirá un portal de denuncias para que toda persona puede emitir sus observaciones al proceso. (v) aclara que los candidatos a alcaldes y a concejales estaban inhabilitados para postular como facilitadores, sin perjuicio de su derecho a participar en las diferentes etapas del proceso.
Patricio Zapata: sobre el último punto mencionado por el consejero Millaleo, observa que los contratos de los facilitadores contienen una cláusula de terminación por causa sobreviniente, cual es presentarse como candidato a los comicios municipales.
Pedro Anguita: sugiere que el CCO, en sus informes finales, detalle todos aquellos aspectos que fueron observados y el grado de acogida que dicha observación tuvo de parte del Gobierno.
Patricio Zapata: responde que eso está contemplado para la redacción del informe final, el cual detallará lo contenido en los acuerdos del CCO y el grado de respuesta que tuvo el Gobierno. Con todo, comenta que hasta el momento las observaciones que han realizado han contado con una respuesta satisfactoria de parte del Gobierno.
Francisco Fernández: indica que la figura del facilitador legal está pensada para que pueda guiar la discusiones en los encuentros y cabildos, de modo de que éstas tengan la debida pertinencia constitucional.
Francisco Soto: sobre la cantidad de cabildos provinciales y regionales, responde que l diseño contempla que se realice a lo menos un cabildo por cada una de las provincias y regiones del país. Si llegado el caso se requiere la realización de más de uno, será evaluado y eventualmente se adicionará un segundo cabildo.
Patricio Zapata: agradece la presencia del partido Amplitud.
4. Discusión interna:
Patricio Zapata: propone discutir y cerrar un acuerdo respecto a la participación de los funcionarios públicos en el proceso de debate constitucional. Propone evaluar la propuesta del consejero Fermandois, que declara como regla general el derecho a participar de todo funcionario público, sin distinción, salvo las altas jefaturas que deberían inhibirse de inscribir encuentros locales. Lo anterior con el objeto de minimizar la posibilidad de que las jefaturas ejerzan una presión indebida frente a sus subordinados, compeliendo a éstos a participar en encuentros organizados por sus jefes.
Francisco Soto: comenta que, a pesar de poder estar de acuerdo con el razonamiento, tiene serias dudas de la capacidad real de fiscalización que tenga este consejo.
Roberto Fantuzzi: manifiesta que no se debe perder tiempo realizando tales distinciones y limitaciones, puesto que cualquier diseño siempre estará afecto a las críticas y suspicacias.
Patricio Zapata: comenta que se había instalado en la opinión pública la idea de que los funcionarios públicos no podían participar. El valor de un acuerdo interpretativo sería despejar dicha duda estableciendo una limitación muy acotada.
Salvador Millaleo: pregunta si la limitación que pretende establecer este conejo satisface el estándar del derecho constitucional. Patricio Zapata: responde que la limitación del derecho es leve, puesto que no se impide la participación sino solamente la capacidad de inscribir encuentros. Además, dicha limitación posee una finalidad razonable y justificada.
Lucas Sierra: sugiere que el acuerdo debe señalar en detalle cuáles son las conductas que no podrían realizar los funcionarios públicos. Si se limita un derecho, dicha limitación debe describirse pormenorizadamente.
Patricio Zapata: somete el acuerdo a votación, el cual se acuerda por la unanimidad de los consejeros presentes.
Salvador Millaleo: advierte que también se debe especificar la limitación para los dirigentes de los partidos políticos, puesto que el término “dirigente” es muy amplio y requiere ser especificado. Propone que la limitación solo alcance a las mesas directivas nacionales y regionales.
Héctor Mery: pregunta qué ocurrió finalmente con los casos de los facilitadores que no fueron seleccionados.
Patricio Zapata: responde que la subsecretaria Patricia Silva cito a todos los miembros de este consejo para una reunión en la que se explicará detalladamente, caso a caso, los criterios de selección y de exclusión de los facilitadores. Agradece la presencia de los consejeros y da por finalizada la sesión.
Siendo las 20:06 se da por finalizada la sesión.
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