Sesión 20: Sobre material audiovisual
El día 9 de mayo se celebró una nueva sesión en la que se acordó: la redacción de un nuevo acuerdo del CCO sobre un material audiovisual, preparado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno. Además se solicitó un informe detallado sobre el proceso de selección de los facilitadores y pronta información sobre el número de encuentros locales realizados y las actas de dichos encuentros.
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En la ciudad de Santiago, a 9 de Mayo de 2016, siendo las 15:43 horas, en la Casa Central de la Universidad de Chile, ubicada en calle Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1058, se celebra sesión ordinaria del Consejo Ciudadano de Observadores (CCO), con la asistencia de los consejeros: Lucas Sierra, Patricio Fernández, Gastón Gómez, Francisco Soto, Héctor Mery, Juanita Parra, Arturo Fermandois, Francisco Fernández, Hernán Larraín y Patricio Zapata (Presidente). Excusó su inasistencia los consejeros: Roberto Fantuzzi, Ruth Olate, Benito Baranda, Salvador Millaleo y Jean Beausejour. Actúa como secretario ejecutivo el señor Andrés Vodanovic.
a) Resumen Ejecutivo: En esta sección se detallan brevemente los principales acuerdos tomados y conclusiones obtenidas en la sesión.
- 1) Se acuerda la redacción de un nuevo acuerdo del CCO sobre un material audiovisual preparado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno
- 2) Se acuerda solicitar el Director del Servicio Civil un informe detallado sobre el proceso de selección de los facilitadores.
- 3) Se solicita al Ministerio Secretaría General de la Presidencia pronta información sobre el número de encuentros locales realizados y las actas de dichos encuentros.
b) Acta de Discusión: En esta sección se sintetizan las principales intervenciones de los consejeros.
1) Discusión interna CCO:
Patricio Zapata (Presidente): señala los puntos en tabla de la sesión:
1) Discusión interna del CCO.
2) Audiencia equipo SEGPRES.
3) Otros. Sobre los puntos de discusión interna, indica que se deben tratar: (i) los videos promocionales enviados desde SEGEGOB. (ii) dar cuenta de la reunión sostenida con la Subsecretaria Patricia Silva sobre el proceso de selección de facilitadores. (ii) sobre la audiencia llevada a cabo en la Cámara de Diputados.
Sobre este último punto, informa que esta semana debe asistir nuevamente a la Cámara de Diputados con el objeto de aclarar algunas dudas sobre el proceso de selección de facilitadores y sobre el rol del CCO en general. Comenta que dará respuesta al estudio presentado por el diputado Nicolás Monckeberg el que concluía que una gran mayoría de los facilitadores son activistas del actual Gobierno. Sobre este punto, expresa que precisamente las preguntas que habrían permitido identificar la sensibilidad política de los postulantes, eran el tipo de preguntas que estaban excluidas del proceso. Recuerda que hubo algunas denuncias de postulantes a los que se les pregunto su opinión respecto al aborto u otros temas, preguntas que fueron juzgadas inadecuadas por todos los sectores. Por tanto, la denuncia del diputado Monckeberg hubiera implicado realizar el tipo de pregunta considerada inadmisibles; o bien se habría tenido que optar por un sistema de cuotas por partido político, alternativa igualmente deficiente. Con todo, añade, si algún facilitador da muestras de ineptitud para ejercer de manera imparcial sus funciones, será cesado en su cargo. Es decir, se aplicará un estricto control ex post.
Lucas Sierra: pregunta por el estado de avance de las observaciones contenidas en el Acuerdo N°6, respecto de la metodología de discusión de los encuentros locales.
Héctor Mery: procede a señalar algunos comentarios: (i) da cuenta de la reunión sostenida con la subsecretaria Patricia Silva sobre las exclusiones de facilitadores realizada por el Gobierno. Informa que se trató de 9 casos muy calificados, que a su juicio hacían absolutamente razonable la exclusión. Comentan que aún hace falta información sobre el proceso de reemplazos. (ii) comparte algunas observaciones sobre su visita a un encuentro local en la ciudad de Calama y expresa: a) el correcto desempeño de los facilitadores. b) el escaso conocimiento de los participantes sobre la metodología de discusión. c) llama la atención de que prácticamente todos los participantes habían sido enviados por el alcalde. (iii) indica que se debe solicitar a la SEGPRES información sobre el estado contractual de los facilitadores, las fechas de pago, etc.
Francisco Soto: señala que es natural que en las ciudades hacia el interior (Calama) este tipo de actividades se gesten al alero de los municipios, a diferencia de Antofagasta donde existe mayor autonomía de parte de los ciudadanos.
Patricio Zapata: expresa que si los miembros del consejo observan irregularidades en el proceso de encuentros locales, dichas actas pueden ser invalidadas y no formar parte de las conclusiones del proceso.
Lucas Sierra: pregunta si el proceso de contratación de facilitadores contemplaba una etapa de reclamación, y si ésta fue ejercida por alguno de los postulantes.
Héctor Mery: responde que el proceso sí contemplaba una etapa de reclamación y apelaciones, y ésta fue ejercida por aproximadamente 5 postulantes.
Gastón Gómez: expresa su molestia por el hecho de que algunas autoridades locales no comprendan que la primera etapa de este proceso tiene por objetivo la participación espontanea de la ciudadanía y no la acción coordinada artificialmente desde los municipios.
Patricio Zapata: sugiere que se proceda a discutir los videos promocionales enviados desde SEGEGOB.
Arturo Fermandois: señala algunas observaciones: (i) recuerda que la sesión pasada ya propuso propone solicitar al Servicio Civil la elaboración de un informe en el que dé cuenta del modelo aplicado y de los detalles del proceso de selección de los facilitadores, y en particular que se haga cargo de las críticas que se hicieron llegar a este Consejo por un partido político. (ii) sobre los videos promocionales, advierte que si bien el Gobierno se encuentra en su derecho de informar invitar a la ciudadanía a participar, sin llegar a la motivación; pero, no puede, en dicha invitación, sin infringir el Acuerdo número 4 de este Consejo, difundir el Gobierno presentar una postura u opción determinada de fondo particular en el debate constitucional, ya sea denostando el orden constitucional actual o destacando las virtudes del próximo. Frente a esta situación existen dos alternativas: o se pide a Segegob el extirpar del material comunicacional toda referencia parcial al debate constitucional, o bien se pide crear una especie de tribuna que permita a todos los sectores y opiniones manifestar en esos videos o spots su posición ante el debate constitucional. Considera que le parece más razonables, dada la misión y las capacidades del CCO, optar por la primera alternativa, y sugiere adoptar un acuerdo de inmediato en ese sentido.
Patricio Zapata: señala estar de acuerdo con lo expresado por el consejero Fermandois, aunque aclara que el CCO respeta el derecho de todo ciudadano de expresar libremente, a través de videos u otros medios, sobre el orden constitucional y el proceso en curso. El punto en cuestión, afirma, es que esas opiniones sean difundidas por el Gobierno de Chile.
Patricio Fernández: expresa que, a su juicio, se debería propender a que todas las voces sean incluidas en el debate, sin eliminar los videos que se le presentan al CCO.
Francisco Soto: comenta que varios de los videos ya se encuentra al aire hace algunas semanas desde las plataformas del Gobierno.
Gastón Gómez: añade a lo señalado anteriormente, que si se utilizan recursos públicos para la difusión no se puede mostrar únicamente la postura del Gobierno.
Juanita Parra: indica que si ya se están mostrando videos que presentan una postura, lo correcto sería mostrar otros videos con las visiones faltantes.
Lucas Sierra: expresa que existen dos maneras de entender la neutralidad: la primera, consiste en que el Gobierno se limite a invitar e informar sobre el proceso el curso, tal como fue sugerido por el CCO en su acuerdo N°4. La segunda, consiste en contrastar posturas sobre el cambio constitucional y sus posibles contenidos, otorgando igual expresión a cada una. Sostiene que la segunda manera de entender la neutralidad posee una complejidad mayor, puesto que se hace muy difícil poder establecer criterios claros y objetivos para la observación del CCO, además de que implican una fiscalización constante y acuciosa, tarea que el CCO no se encuentra posibilitado a realizar.
Patricio Zapata: señala estar de acuerdo con la complejidad que supone editar una especie de equilibrio de miradas en la campaña comunicacional del Gobierno. Por tanto, propone solicitar al Ejecutivo que se atenga a lo señalado por los acuerdos CCO en orden a que toda acción comunicacional se limite a informar e invitar, sin incurrir en la presentación de posiciones parciales.
Patricio Fernández: insiste en que lo que hace falta es que muchas otras voces puedan expresarse a través de las campañas comunicacionales del Gobierno en lugar de eliminar toda opinión o postura parcial de éstas.
Héctor Mery: manifiesta que le parece preocupante que el Gobierno, a través de sus videos promocionales, solo presente una postura específica sobre el proceso constituyente. Además, añade, llama la atención de que algunos videos ya se encuentren al aire sin haber consultado previamente la opinión del CCO.
Hernán Larraín: expresa que se debe resolver a la brevedad el manera en que la SEGEGOB ha actuado durante lo que va del proceso. Indica que se requiere mayor prolijidad para que el CCO pueda efectivamente ejercer su rol de observador de las piezas comunicacionales que se emiten. Además, propone que se solicite a SEGEGOB que se suspenda la emisión de los videos hasta nuevo aviso.
Lucas Sierra: sugiere que se redacte un acuerdo a la brevedad para sobre este punto.
Patricio Zapata: solicita al consejero Fermandois que redacte una propuesta de acuerdo sobre el punto en discusión, para que luego sea votado por el CCO.
2) Audiencia equipo SEGPRES:
Patricio Zapata: propone el siguiente orden para la conversación: 1) Discusión sobre la propuesta de sistematización de los diálogos ciudadanos y la participación del CCO. 2) Revisar las observaciones a la metodología planteadas por el CCO. 3) Resolver dudas sobre estado actual de los facilitadores.
Tomás Jordán: agradece la invitación y procede a realizar algunos comentarios: (i) sobre el equipo de sistematización de los diálogos ciudadanos, informa que la propuesta del Gobierno es que dicho equipo esté compuesto por tres personas e instituciones: Rodrigo Márquez (PNUD), Ignacio Irarrázaval (PUC) y María Cristina Escudero (UCH).
Luego, explica a grandes rasgos el modo en que dicho equipo se ha planteado el trabajo de sistematización, utilizando un sistema de frecuencias sistematizar la etapa de encuentros locales y la participación individual, para luego, en la etapa de cabildos, se utiliza una metodología que combine frecuencias con aspectos cualitativos. (ii) sobre las Bases Ciudadanas para la Nueva Constitución (BCNC), explica que ésta estaría compuesta por tres documentos: a) el compilado con la sistematización de las distintas etapas de diálogos ciudadanos. b) un documento de síntesis de dicho compilado cuya redacción estaría a cargo del CCO, y c) el informe de trabajo elaborado por el CCO.
Gastón Gómez: expresa una discrepancia respecto a lo señalado por Tomás Jordán, puesto que, a su entender, el Decreto 36 distingue tres documentos distintos: 1) Documento de Síntesis de los diálogos ciudadanos. 2) Las bases ciudadanas propiamente tales y 3) el informe de trabajo del CCO. Así, la tesis de que los tres documentos forman parte de las bases ciudadanas no es fiel con el contenido del decreto ni con los acuerdos previamente adoptados con el Ejecutivo.
Tomás Jordán: manifiesta que la visión del Gobierno es que los tres documentos forman parte de las BCNC.
Patricio Zapata: señala que se deben despejar algunas cuestiones. En primer lugar, el informe final que debe elaborar el CCO, en el que describa detalladamente todo su trabajo durante el proceso, es una cosa totalmente distinta a las BCNC. Luego, comenta que el CCO entiende que existirá un documento extenso (500 páginas) de carácter técnico a cargo del equipo de sistematizadores que tiene por objeto recopilar de manera cuantitativa las conclusiones de las distintas etapas de diálogos ciudadanos. Por último, y esto es a lo que en CCO le interesa, es que existirá un documento breve (50 páginas) que sintetizará el documento extenso y que estará a cargo del CCO. Comenta que es importante que se llegue a un acuerdo sobre el nombre de estos distintos documentos, pero le parece inapropiado que se llame BCNC a los tres documentos.
Francisco Fernández: indica que, a su entender, se trata de dos documentos de autoría y contenido diferentes. El primero se trataría de un documento desarrollado por el equipo de sistematización en el que se compilarían todas las conclusiones de los encuentros y cabildos, y el otro es un informe evaluativo, a cargo del CCO, en el que se hará un escrutinio y supervisión de que dicho documento de sistematización guarde relación con las actas de los diálogos ciudadanos.
Lucas Sierra: expresa que el Decreto 36 parece distinguir nítidamente la compilación de las distintas etapas de diálogos ciudadanos y las BCNC, además del informe metodológico sobre el trabajo del CCO. Se trata de tres documentos. El documento propiamente de “Bases”, sería una especie de síntesis final de todo el proceso.
Patricio Zapata: indica que lo que el CCO ha querido resguardar que la redacción del documento que resuma las conclusiones finales del proceso quede en manos de un organismo que dé garantías de imparcialidad, y el CCO ha considerado que le corresponde asumir dicha tarea. Agrega que es importante que haya un lenguaje común para designar los distintos documentos, pero enfatiza que la tarea de elaborar un documento final de síntesis interpretativa de las conclusiones del proceso es una tarea que le compete al CCO.
Tomás Jordán: insiste en que las BCNC contiene tanto el documento extenso que recopila las conclusiones de los diálogos ciudadanos como el documento de síntesis a cargo del CCO.
Arturo Fermandois: agrega que una vez finalizado este proceso, todos los documentos serán de carácter público, por lo que no es necesario incorporar el documento extenso de recopilación a las BCNC, puesto que de todas formas dicho documento estará disponible para cualquiera que requiera consultarlo.
Patricio Zapata: expresa estar consciente de que pueda existir una preocupación de que el CCO puede realizar una síntesis que no sea fiel a lo expresado en el documento extenso de recopilación; pero el CCO está muy consciente que dicha labor es simplemente traducir y sintetizar aquello que esté expresado en el compilado extenso. Insiste en la necesidad de buscar una fórmula que permita distinguir los distintos documentos.
Patricio Fernández: indica que al parecer existe amplio acuerdo respecto de dos cosas: (i) que el proceso de sistematización de las conclusiones de los diálogos ciudadanos queda bajo la supervisión del CCO, que evaluará el compilado final que entregue el equipo técnico para darle su aprobación y (ii) que el CCO estará a cargo de la redacción de un documento de síntesis final que resuma lo contenido en dicho compilado. Destaca que si ambas cosas están claras, concurre con sus votos para cualquier determinación semántica que haga falta.
Tomás Jordán: pregunta qué tipo de garantía de imparcialidad estaría haciendo falta, si por una parte un equipo técnico ajeno al Gobierno elaborará el compilado general y por otra el CCO estará encargado de redactar la síntesis final.
Arturo Fermandois: propone estudiar la minuta entregada por la SEGPRES y proceder con el resto de los puntos pendientes. Tomás Jordán: señala que se podría citar a los miembros del equipo técnico de sistematización con el objeto de que expongan en detalle el modelo de trabajo que han elaborado.
Patricio Zapata: propone avanzar al siguiente punto que dice relación con las observaciones a la metodología de participación para los encuentros locales que fue planteada en el Acuerdo N°6 del CCO. Pregunta cuál es el estado de avance de dichas observaciones, si finalmente fueron desestimadas o no.
Lucas Sierra: complementa lo indicado por el Presidente señalando que la mencionada “Guía para organizar encuentros locales” se aparta de nuestro Acuerdo Nº 4 en dos sentidos: instruye al moderador de cada encuentro a que haga dos rondas para formar acuerdos y, más preocupante aún, que lo haga sobre los siete puntos “más mencionados” por el grupo. Es del todo imaginable que estos siete puntos reflejarán acuerdos y no desacuerdos: los puntos “más mencionados” serán aquéllos sobre los que los participantes coinciden y no sobre los que divergen. Esto permite anticipar que, en la práctica, las opiniones discordantes quedarán excluidas como resultado de la propia metodología
Tomás Jordán: señala que desde la SEGPRES no están de acuerdo con la observación en cuestión. En primer lugar, destaca el hecho de que los encuentros locales, como se realizan por grupos que se autoconvocan, lo más probable es que la tendencia a generar acuerdos sea mayor. Con todo, la metodología no excluye la posibilidad de desacuerdo, puesto que los 7 temas que se eligen, se eligen precisamente para ser discutidos, por lo que estrictamente cabe la posibilidad que haya desacuerdos en torno a ellos.
Patricio Zapata: explica que la intención principal del Acuerdo N°4 del CCO sobre este punto es que la metodología diera cabida a la expresión de todas las diferencias, sin excluir a priori ninguna.
Lucas Sierra: complementa lo expresado por el Presidente, señalando que el CCO objetó que el diseño de la metodología elimine de hecho la posibilidad de plantear los desacuerdos.
Tomás Jordán: responde que la metodología del Gobierno da cabida a la expresión de los desacuerdos, pero, al tener como horizonte la convergencia deliberativa, no es una metodología concebida para que se registren todas las opiniones del debate.
Lucas Sierra: pregunta es qué sentido, entonces, la metodología valora las opiniones divergentes. Añade que el presupuesto contingente de que los grupos autoconvocados son más susceptibles de establecer acuerdos, no obsta a que la metodología contenga el problema de limitar la expresión de los desacuerdos. Es un problema que se presentará igualmente en las etapas posteriores, por lo que se debe corregir a la brevedad.
Patricio Fernández: complementa lo señalado por el consejero Lucas Sierra, en el sentido de que, a la luz de su observación de los encuentros locales, toda la discusión inicial se centra en la selección de los 7 temas a discutir, por lo que ya existe una especie de acuerdo respecto a ellos.
Arturo Fermandois: recuerda que el CCO ha insistido en la valoración de los desacuerdos, puesto que el principio de convergencia deliberativa que propone el Gobierno y de la búsqueda de acuerdos riñe con la escasa institucionalidad del proceso que permitiera identificarlos (sistema de votación, registros electorales, etc.)
Hernán Larraín: plantea una observación de carácter funcional: existe gran confusión y falta de consenso para establecer la distinción entre acuerdos, acuerdos parciales y desacuerdos. Advierte que ello puede generar gran confusión en la etapa de cabildos.
Tomás Jordán: comenta que sería algo disruptivo introducir modificaciones a la metodología de discusión en los encuentros locales en vista de que dicho proceso comenzó hace algunas semanas. Añade que desde SEGPRES se interpretó el Acuerdo N°6 como una objeción a la doble ronda de acuerdos (cuestión que no es tal) y a la imposibilidad de plantear desacuerdos (cuestión que la metodología permite). La inquietud de que la metodología contemple la expresión de todas las opiniones es algo que no había quedado claro, por lo que solicita el CCO emitir una solicitud por escrito dando cuenta de ello.
Patricio Zapata: aclara que el CCO no pretende solicitar una modificación a la metodología en curso, sino, más bien sugiere prestar colaboración a los grupos a través de los facilitadores que les puedan aclarar los diferentes tipos de acuerdo mediante ejemplos u otros medios. Sugiere dar paso al siguiente punto de conversación: el caso de los facilitadores. Ya que debe ausentarse, el Presidente otorga la presidencia interina al consejero Lucas Sierra.
Lucas Sierra: pregunta al equipo de la SEGPRES dos cosas: (i) el estado de contratación de los facilitadores y (ii) el número de encuentros locales realizados y el proceso de publicación de las actas.
Héctor Mery: procede a complementar las preguntas: (i) ¿cuántos facilitadores se encuentran actualmente contratados, a cuántos se les ha pagado? ¿Recibieron los facilitadores instrucciones para promover la participación en el proceso? (ii) pregunta por qué razón se permite la participación individual junto con la participación en un encuentro local pero no la participación en dos encuentros locales.
Tomás Jordán: responde la segunda pregunta: indica que es así porque de ese modo se propuso en la metodología y así fue aprobado por el CCO.
Pamela Figueroa: sobre los facilitadores señala que. (i) del número inicial de 209 seleccionados hubo algunas exclusiones realizadas desde el Gobierno y que fueron debidamente informadas al CCO y otras renuncias debido a razones personales. Luego, se procedió al sistema de reemplazos conforme a las listas y al mecanismo acordado con el CCO. Conforme a los últimos reportes, se tiene un total de 204 facilitadores seleccionados. (ii) de esos 204 facilitadores, cerca del 70% ya se encuentra con su contrato firmado. El equipo de la SEGPRES se ha desplegado por todo el país para finalizar lo antes posible con el proceso de contratación. (iii) respecto a los pagos, informa que según el contrato se realizará el pago contra la entrega de un informe de gestión una vez finalizada la etapa de discusión local.
Tomás Jordán: sobre los encuentros realizados y las actas responde: el único medio para verificar la realización de un encuentro local es través de los facilitadores, ya que las personas tiene plazo hasta el 23 de Junio para subir las actas. Se solicitará al Ministerio del Interior la información de las actas subidas hasta el momento, además de elaborar un mecanismo para que las actas de los encuentros realizados sean pública.
Rodrigo Araya: informa que, conforme a la información que se ha recabado, el principal motivo de la no realización de los encuentros es porque no se logra el quorum requerido de los 15 participantes.
Tomás Jordán: en relación a lo anterior, solicita formalmente que el CCO reconsidere los requisitos del mínimo de 15 personas para realizar un encuentro local y los 10 días de anticipación para inscribirlos.
Lucas Sierra: manifiesta una inquietud sobre una “ventana” que se despliega al inscribir un encuentro local que solicita la autorización para que el encuentro sea “observado, difundido a la prensa y estudiado”. Propone que dichas preguntas se formulen por separado, puesto que de lo contrario podría transformarse en un factor que inhiba la observación por parte del CCO, puesto que es perfectamente entendible que un ciudadano no quiera que la prensa llegue a su encuentro, pero sí que éste sea observado por el CCO, pero responde que NO a todas las opciones porque la plataforma las trata de manera conjunta.
Tomás Jordán: responde que se solicitará dicha modificación a los diseñadores de la plataforma. Lucas Sierra: agradece la presencia del equipo de la SEGPRES.
3) Discusión interna CCO:
Lucas Sierra: solicita a la secretaría ejecutiva que proceda a dar la lectura a la propuesta del Acuerdo N°8 sobre la presentación de material audiovisual realizada por SEGEGOB. Andrés Vodanovic (secretario ejecutivo): procede a dar lectura: Acuerdo especial del Consejo de Observadores sobre material audiovisual.
El Consejo Ciudadano de Observadores, reunido en su sesión ordinaria de 9 de mayo de 2016, toma conocimiento del material audiovisual remitido por SEGPRES a este órgano con fecha 5 de mayo pasado, y consistente en un número de vídeos breves de difusión sobre el proceso de discusión constitucional, y adopta el siguiente acuerdo de observación:
1. El Consejo estima que varios de estos materiales no satisfacen los estándares de neutralidad fijados por este órgano en su Acuerdo N° 4, de fecha 23 de marzo de 2016 pasado.
2. En efecto, no resulta consistente con ese acuerdo el que como parte de una difusión oficial, financiada con recursos públicos, se publiciten opciones específicas, revestidas de contenidos constitucionales de fondo sobre el orden constitucional actual o futuro, en torno a las diferentes legítimas opciones que pueden discutirse por los ciudadanos en los encuentros y cabildos del proceso.
3. El Consejo entonces, acuerda solicitar a SEGPRES que suspenda la emisión de todos los spots o materiales que se encuentran en el punto 2 anterior, cualquiera sea la plataforma en que ello se haga.
4. El Consejo estima que el Gobierno debe ser muy estricto en este parámetro de neutralidad en la campaña audiovisual, porque si la difusión oficial del proceso acoge opciones constitucionales determinadas que van allá de la información sobre el proceso, esto exigiría dar cabida en esa misma publicidad a todas las opiniones contrarias o distintas a las anteriores.
El Consejo estima que esta segunda alternativa, si bien plenamente legítima para reponer una neutralidad, no parece fácilmente implementable con la velocidad necesaria.
Patricio Fernández: propone, (i) modificar la expresión “todas” por “otras” del punto 4. (i) eliminar las últimas tres líneas del último párrafo.
Lucas Sierra: indica que el Presidente sugirió sustituir la expresión “neutralidad” por “ausencia de sesgo político”. Además, propone añadir un punto que objete el hecho de que algunos de estos videos ya se encuentran al aire sin previa observación del CCO. Luego de un breve debate, se acuerda el siguiente Acuerdo N°8: El Consejo Ciudadano de Observadores (CCO), reunido en su sesión ordinaria de 9 de mayo de 2016, toma conocimiento del material audiovisual que le remitió el Ministerio Secretaría General de Gobierno (SEGEGOB) con fecha 5 de mayo pasado, consistente en un número de vídeos breves de difusión sobre el proceso de discusión constitucional (algunos de ellos actualmente en circulación pública); y adopta el siguiente acuerdo de observación:
1. Nuevamente debemos objetar el procedimiento seguido por el Gobierno para el diseño de estos materiales, por no haber dado la oportunidad a este Consejo de conocerlo con suficiente antelación a fin de que nuestras observaciones hubieran podido considerarse antes de la emisión de algunos de ellos.
2. El CCO estima que varios de estos materiales no satisfacen los estándares de ausencia de sesgo político fijados en su Acuerdo N° 4, de fecha 21 de marzo de 2016 pasado.
3. En efecto, no resulta consistente con ese acuerdo el que como parte de una difusión oficial, financiada con recursos públicos, se publiciten opciones específicas, revestidas de contenidos constitucionales de fondo sobre el orden constitucional actual o futuro, en torno a las diferentes y legítimas opciones que pueden discutirse por los ciudadanos en los encuentros locales y cabildos del proceso.
4. El CCO, entonces, acuerda solicitar a SEGEGOB que suspenda la emisión de todos los spots o materiales que aquí se mencionan, y se abstenga de emitir los que aún no se encuentren circulando , cualquiera sea la plataforma en que ello ocurra.
5. El CCCO estima que el Gobierno debe ser muy estricto en resguardar la ausencia de sesgo político en la campaña audiovisual, porque si la difusión oficial del proceso acoge opciones constitucionales determinadas, que van allá de una función meramente informativa o de invitación a participar, esto exigiría dar cabida en esa misma publicidad a otras opiniones contrarias o distintas a las anteriores.
Acuerdo tomado en sesión ordinaria del lunes 9 de Mayo con la presencia de los consejeros: Patricio Zapata (Presidente), Lucas Sierra, Patricio Fernández, Gastón Gómez, Héctor Mery, Francisco Soto, Francisco Fernández, Juanita Parra, Arturo Fermandois y Hernán Larraín.
Da por finalizada la sesión.
Siendo las 18:40 se da por finalizada la sesión.