Proteger la biodiversidad: convenio Cites en Chile

Los antecedentes de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Cites) se remontan a la década del sesenta, cuando el interés y la información respecto a la necesidad de regular el comercio de la vida silvestre todavía eran escasos. En 1972, se celebró la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, y la problemática ambiental se tomó la agenda internacional.

Esta preocupación se acrecentó en los noventa producto de la firma de numerosos tratados multilaterales y regionales y del impacto mediático que adquirieron movimientos ecologistas y animalistas. La Conferencia de Río de 1992, por ejemplo, puso en marcha un nuevo marco legal internacional para aumentar los instrumentos jurídicos tendientes a limitar el impacto económico y tecnológico sobre el medio ambiente (PNUMA 2010).

Hasta hoy, los acuerdos suscritos por los Estados garante de Cites apuntan en dos direcciones. Primero, resguardar que la libertad de comercio no sea perjudicial para la sobrevivencia de las especies en su hábitat natural, y segundo, asegurar que la comercialización de flora y fauna silvestre cuente con permisos legales. Para lograr ambos objetivos, las partes designan autoridades científicas y administrativas encargadas de reglamentar, monitorear y controlar la internación de las especies protegidas en los tres apéndices.

Éxitos de Cites

Uno de los mayores éxitos que ha tenido la Convención ha sido proteger a las especies que están en peligro de extinción, sobre todo las contenidas en el apéndice I, como tigres, elefantes y ballenas. Entre ellas, destaca la vicuña de los Andes sudamericanos, el camélido más pequeño que existe y el que produce la fibra más fina comerciable en el mundo. En los sesenta, se encontraba prácticamente extinguida y, gracias a la labor de Cites, en los noventa recuperó su población y pasó del apéndice I al II, lo que permite que hoy su lana se pueda vender con un permiso especial.

Para el jefe de Asuntos Jurídicos y Política Comercial de la Secretaría de Cites, Juan Carlos Vásquez, este ejemplo ilustra el desarrollo sostenible de una especie nativa, pues desde tiempos ancestrales el trasquile de la vicuña ha permitido el sustento de las comunidades altiplánicas. En la actualidad, los indígenas cuentan con un permiso legal para limpiar su fibra y comercializarla en mercados europeos y asiáticos, lo que ha transformado a Perú en el principal exportador de este producto (2010, 316).

Otro ejemplo es la protección de los elefantes africanos que se cazan para traficar sus colmillos y de veintitrés de las veintiséis especies de cocodrilos cuya piel se comercia. Ambos animales recuperaron su población y pasaron de la categoría «en peligro de extinción» a la de «no necesariamente amenazadas».

En la actualidad, los Estados y, sobre todo, las comunidades locales incluyen en sus campañas de sensibilización y educación especies menos conocidas que no necesariamente están en los apéndices de Cites, pero que son sometidas a formas igualmente crueles de captura y comercialización.

Críticas a Cites

Aunque es una de las pocas convenciones legitimadas y respetadas por un amplio número de países, Cites ha sido objeto de reparos de diversa índole. Las críticas, en términos generales, se refieren a consideraciones pragmáticas y éticas:

• La protección al comercio de especies solo se aplica a las especies que son importadas, exportadas o reexportadas de un país a otro, y no a las que se comercializan o usan en el Estado de origen (Núñez 2009).
• La Convención debe adaptarse a los marcos regulatorios nacionales, lo que impide avanzar en normativas de real impacto global. Al respecto, Juan Carlos Vásquez plantea dos casos: primero, las penas con que se sanciona el tráfico ilegal varían sustancialmente entre países vecinos o de una misma región, y, segundo, las especies que representan parte importante del producto interno bruto de un país, como las maderas tropicales y los productos marinos, están desprotegidas (2010, 316, 321).
• Las autoridades científicas y administrativas con las que debe contar cada parte no tienen suficientes recursos ni poder de fiscalización in situ, sobre todo en los países de América Latina y África.
• En tanto ente fiscalizador, Cites no se ocupa de las tensiones éticas y políticas que genera la libertad de comercio y la protección del medio ambiente. Para el economista Enrique Leff, la resistencia de los poderes económicos a la efectiva implementación de mecanismos de gobernabilidad global, como la Conferencia de Río o el Protocolo de Kyoto sobre cambio climático, pone de manifiesto la mercantilización de los bienes naturales y la evaluación meramente económica de los riesgos ambientales (2005, 9-10).

Pese a estas críticas, la efectividad de las medidas adoptadas respecto a las vicuñas, cocodrilos y elefantes, por ejemplo, demuestra la importancia de contar con marcos legales internacionales que regulen el libre mercado de especies. Asimismo, evidencia que los esfuerzos conjuntos de autoridades, Estados y ciudadanía son vitales para lograr un desarrollo sustentable y cambiar la situación que afecta a la flora y fauna silvestre del planeta.