El ideario del conservantismo, en todo el mundo, busca la conformación de un sistema político que garantice el orden público, resguarde el derecho de propiedad, observe la tradición, se someta a los fueros de la Iglesia y respete y haga respetar las leyes.

En Chile, la influencia de los sectores identificados con estos postulados se remonta a los primeros años de vida republicana cuando, reunidos en un grupo conocido como los pelucones, opuestos al liberalismo a ultranza de los pipiolos y al autoritarismo de los caudillos militares y regionales, forzaron la abdicación de Bernardo O'Higgins (1823) al cargo de Director Supremo de la República. Diez años más tarde se impusieron militarmente a sus adversarios y dieron forma definitiva al Estado a través de una Constitución política y un líder, Diego Portales.

El régimen político que siguió, concentró en el Ejecutivo la mayor parte de los poderes públicos, facultando al Presidente de la República para imponer su autoridad sin contrapesos. El peluconismo adscribió a este sistema hasta 1857, año en que la discusión respecto de la primacía de los derechos del Estado sobre la Iglesia terminó por dividir al sector entre los partidarios de la autoridad del Presidente de la República y los defensores de los fueros eclesiásticos. Estos últimos le retiraron su apoyo al gobierno de Manuel Montt y formaron el Partido Conservador, que una vez en la oposición se alió con otros adversarios del autoritarismo presidencial, formando la Fusión liberal - conservadora que llevó a José Joaquín Pérez a ocupar la primera magistratura de la nación.

La participación de los conservadores en la escena política de la segunda mitad del siglo XIX, consistió en la lucha por limitar las atribuciones del Poder Ejecutivo, para garantizar el ejercicio de las libertades públicas y, principalmente, proteger los privilegios eclesiásticos derivados de la unión formal de la Iglesia y el Estado. La pugna con el gobierno de Aníbal Pinto por el nombramiento del Arzobispo de Santiago, agudizó las tensiones entre los conservadores y los partidarios de limitar el poder eclesiástico y allanó el camino para la aprobación de las primeras leyes laicas en 1884.

Esta derrota se debió, en buena parte, a la disminución de la representación parlamentaria de los conservadores a causa de la intervención del Ejecutivo en los procesos electorales. En adelante, para evitar futuros reveses y nuevas afrentas a las prerrogativas de la Iglesia, su acción política optó por el pragmatismo y se concentró en la lucha a favor de la libertad electoral; en incrementar el poder del Congreso y en impedir la formación de mayorías parlamentarias de signo anticlerical.